Un robo de película mala

Pensar en el primer robo de droga custodiada y en grandes cantidades que sufre la provincia de Cádiz, puede invitar a imaginar que detrás de él hay un grupo bien organizado, dotado de la tecnología más avanzada al servicio del crimen. También haría sospechar que esos ladrones actúan siguiendo las cláusulas de un contrato que estipula que a cambio de unos 400 kilos de droga recibirán una ingente cantidad de dinero. El riesgo es evidente: la posibilidad de ser descubiertos y la más que probable condena de cárcel. Todas estas suposiciones fueron las primeras en aterrizar en la mente de cualquiera que se enteró esta semana del robo perpetrado en el almacén oficial que se encuentra a menos de cien metros de la Comisaría provincial; unas dependencias que son competencia de la Subdelegación del Gobierno y cuya vigilancia dependía exclusivamente de unas cámaras de seguridad que debían ser controladas por la Policía. Unas imágenes grabadas por el sistema de videovigilancia, donde se ven a varios individuos entrando en el Parque Móvil por una ventana lateral, son la principal prueba de un caso que está próximo a resolverse.

Todo apunta a que las detenciones pueden ser inminentes, pero la Policía Nacional no solo se afana en localizar a los autores del asalto sino en recuperar también una fortuna en droga. De confirmarse que el palo es obra de unos delincuentes habituales y no de ladrones sofisticados, habrá quedado en evidencia que el llamado búnker de la droga, no era ni mucho menos un lugar inaccesible, y que los constantes avisos realizados por sindicatos policiales, por la Fiscalía y por el propio Cuerpo Nacional sobre el riesgo de mantener mucho tiempo droga almacenada en esas condiciones debieron haber sido atendidos hace tiempo para evitar lo ocurrido.

Un golpe poco maestro

La noche del viernes de la semana pasada fue el momento elegido por los ladrones. Interior asegura que conocían muy bien las instalaciones. No eran los únicos, todos los vecinos de la calle Granja San Ildefonso y calles adyacentes eran perfectamente conocedores de la ubicación de un almacén que debía ser un lugar casi secreto. Todos habían presenciado alguna vez cómo sacaban o metían grandes cantidades de droga, con sus consiguientes cortes de carretera y la fuerte presencia policial.

Para más inri, a los ladrones solo les bastó forzar una puerta metálica, agarrar una escalera, subirse y colarse por una ventana, que carecía de reja o cristal, para adentrarse en el interior. Ese preciso instante fue grabado por las cámaras de seguridad del recinto, que sí funcionaron aunque se haya tratado de desviar la atención sobre un fallo generalizado de los sistemas de videovigilancia. Esas imágenes constituyen la principal prueba sobre la que trabajan los investigadores. Como viene informando este medio desde el pasado lunes, al menos se observan dos individuos encapuchados; si bien fuentes consultadas por este periódico, aseguran que el escenario del asalto fue tomado por más personas. Las características físicas de uno de ellos han guiado a los agente hasta una serie de sospechosos, que según Interior ya se encuentran identificados. Pero las pesquisas se desarrollan con suma cautela porque tratan de saber si actuaron siguiendo las directrices de alguien o si contaron con algún tipo de ayuda externa. Lo cierto es que esa secuencia grabada no fue detectada en Comisaría, donde se reciben las imágenes que toman los sistemas de vigilancia de las sedes policiales de la Avenida y Fernández Ladreda y del interior del Parque Móvil. No se detectaron ni la madrugada que se cometió el robo, ni al día siguiente; fue el domingo, cuando el chófer de una autoridad política de la provincia fue a recoger un vehículo, cuando observó que la puerta del almacén había sido violentada mediante el método de la palanca. Otro detalle que aleja las sospechas de que los ladrones eran unos maestros en la ejecución de robos limpios. Este fallo en la vigilancia también está siendo estudiado por los agentes que ya emitieron a principios de la semana un primer atestado, remitido al juzgado de Instrucción nº4 de Cádiz, donde se describe cómo se llevó a cabo el asalto.

La resolución de este caso no resolverá el problema en la custodia de la droga que se introduce en ese búnker. Aunque ninguna fuente policial o judicial reconoce públicamente la conveniencia de cambiar de instalaciones, fuera de los micrófonos y las grabadoras todos están de acuerdo que el actual emplazamiento no es idóneo. En Cádiz capital hay otros dos almacenes, dotados de mejores medidas de seguridad, donde llevan los cargamentos incautados la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Además, en los bajos de la Subdelegación del Gobierno, donde antaño se encontraba la cámara acorazada del Banco de España, las mismas fuentes consultadas coinciden que sí reúne condiciones para ese cometido. Pero a día de hoy, el depósito de la calle Granja San Ildefonso continúa funcionando, con más presencia policial en la entrada del Parque Móvil, pero a la espera de una más que probable clausura definitiva. De mientras se procede a retirar los casi tres mil kilos de cocaína intervenidos el pasado mes de agosto en la 'operación Espartana' para que sean incinerados, tras autorizar la Audiencia Nacional su destrucción.

Este caso debería tener también su repercusión política, ya que ni la anterior Administración central socialista ni la actual dirigida por el PP atendieron a los avisos que, por ejemplo, el SUP lleva realizando hace tiempo sobre las cuestionables medidas de seguridad de uno de los almacenes que guardan más droga en este país. Desde ambas formaciones solo han salido reproches dirigidos hacia el contrario y nadie ha asumido parte de la responsabilidad de lo ocurrido. Aunque el protocolo para acelerar la destrucción de la droga se ha firmado esta semana, poca efectividad tendrá si se sigue guardando estupefaciente en un almacén que pudo ser asaltado por unos simples rateros.