El PP denuncia que la Junta debe 286 millones a las aseguradoras de los ERE

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, afirmó ayer que la Junta de Andalucía tendrá que abonar un total de 286 .043.866,48 euros hasta 2017 en concepto de refinanciación de las pólizas de las aseguradoras relacionadas con las prejubilaciones ligadas los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Administración regional. Rojas explicó que de estos 286 millones , 252 millones son el montante pendiente de refinanciar, mientras que los intereses ascienden a 33 millones, según los datos extraídos de la documentación aportada por la Junta a la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los ERE. Así, señala que se trata de un montante que la Junta debe ir abonando a las aseguradoras que pagan a los prejubilados, cuantías que «ahora no se están pagando por la morosidad de la Junta».

«Esta documentación pone a la Junta en el disparadero por su actitud de falta de transparencia y mentiras sobre una trama fraudulenta que supone un punto negro para la Administración regional y para todos los andaluces», subrayó Rojas, que exigió que se depuren «responsabilidades políticas» de todos los que autorizaron y gestionaron estos ERE.

En este marco, subrayó que las empresas eran «siempre las mismas», por lo que se preguntó qué proceso se seguía para elegir a las aseguradoras o si se «elegían directamente a dedo», además de cuestionar por quién hacía esta selección. «Hay sido un disparate comandado por el PSOE que ha supuesto un escándalo sin precedentes del que tienen que verse las responsabilidades», sentenció.

Documentación

Rojas advirtió además de que en la documentación remitida a la comisión de investigación la Junta se «confirma» la existencia de intermediarios que se encargaban de cerrar los montantes con las aseguradoras, unos intermedarios que recibían comisiones de «entre el diez y el 20 por ciento», unas cifras «astronómicas y muy superiores al tres o el cuatro por ciento establecido por el mercado». A esto añadió que esta figura del intermediario tenía «autorización expresa de la Junta», a pesar de que «no tiene cabida en la Administración pública».

«Estas autorizaciones provenían de la Consejería de Hacienda, que estaba en manos de José Antonio Griñán, por lo que todo la responsabilidad política de este fraude monumental apuntan al presidente de la Junta», sentenció, tras insistir en la existencia de una «trama premeditada, con una red clientelar de pago de favores». Criticó la «falta de control» del dinero existente en la Junta y la «ocultación» de información.

Preguntado por la situación de la aseguradora Generali, indicó que la Junta es la «responsable del impago y la falta de previsión que provienen de su falta de control», por lo que la «responsabilidad última de la situación es la Administración andaluza».