Censantías e indemnizaciones

Los abusos que se hayan podido cometer, la sobreabundancia de asesores y parásitos junto a los cargos públicos en los pasados tiempos de opulencia, no pueden ocultar que la democracia tiene que ser gestionada por una clase política selecta, que debería estar formada por profesionales brillantes y capacitados. Y para conseguir tal cosa, para lograr que 'los mejores', como quería Ortega, se hagan cargo de lo público en beneficio de todos, habrá que abandonar la fácil demagogia y dotar tales puestos de unas condiciones salariales y de seguridad adecuadas.

Como es conocido, los expresidentes del Gobierno y los exaltos cargos -ministros, secretarios de Estado y asimilados- perciben una 'pensión indemnizatoria' al abandonar el cargo. Aquellos, de carácter vitalicio; estos, durante dos años, incompatible con cualquier otra retribución pública o privada (esta incompatibilidad acaba de establecerse y parece lógica). La razón no es banal: hay que prevenir que un aterrizaje demasiado rápido de tales altos cargos en el sector privado produzca alguna colisión entre intereses dispares.

En algún caso, como el que ha protagonizado Carlos Dívar al solicitar su cesantía por dos años (tras renunciar durante el mismo plazo a la pensión de jubilación que le correspondería), el otorgamiento de la pensión puede resultar chocante, pero como ha dicho el nuevo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Moliner, «si no se indemnizara a Dívar, se incumpliría la ley». No hay más que hablar por tanto, y harían bien los indignados de esta hora en apuntar en otra dirección.

Porque la crisis debería llevar a una reestructuración de lo público que tendiera a una reducción cuantitativa y a una mejora cualitativa. Necesitamos conseguir unas administraciones públicas y una superestructura política más reducidas pero más competentes, menos parasitadas por servidumbres y clientelismos pero más eficaces. Y ello solo se logrará -no se pierda de vista- ofreciendo salarios adecuados, ciertas garantías de estabilidad y un estatus digno. No se puede pedir a los políticos que sean siempre unos héroes, ni que vivan del aire, ni que sobrelleven una vida de renuncias.