El Gobierno prevé despedir a más de 100.000 empleados públicos

La reforma de la administración, con la que el Gobierno pretende ahorrar unos 80.000 millones de euros durante esta legislatura, prevé el despido de al menos 100.000 trabajadores públicos, según fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Otras fuentes del PP aumentan esta cifra hasta las casi 300.000. Los despidos, en todo caso, no afectarán a los funcionarios. El recorte se centrará en la plantilla de contratados laborales, trabajadores interinos y eventuales, un colectivo que asciende a 877.459 personas, el 39% del total de los 2.530.956 empleados públicos de España, según los datos de junio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Este duro ajuste encima de la mesa y en ciernes de ejecutarse es una de las razones para que el Gobierno optara por no celebrar con mayor entusiasmo el buen dato de descenso del desempleo en junio que se conoció este martes. El Ejecutivo es consciente de que la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo de la administración será una medida impopular y muy contestada, pero entiende que no hay otra opción. Considera «financieramente insostenible» la nómina de las administraciones públicas y Hacienda recuerda que que la plantilla de trabajadores públicos se ha incrementado en 444.000 personas en tan solo diez años. Un 20% de incremento que, a juicio del Gobierno, no se corresponde ni con el aumento de población durante ese periodo en España ni con el de las necesidad del servicio público.

Sin competencia

Mención aparte es la situación de las muy amplias plantillas laborales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, sobre las que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene competencias y cuyo adelgazamiento quedarán en manos de los respectivos gobernantes.

La reforma de la administración estaba prevista para septiembre, pero el Gobierno necesita dar antes a Bruselas nuevas pruebas del inequívoco compromiso de España con la reducción del déficit público. Por ello aprobará esta reforma y otros importantes ajustes, entre los que se incluiría la subida del IVA, en julio.

La reducción de plantilla se ejecutará mediante la no renovación de los contratos de eventuales e interinos, el despido de laborales, una acción que permite la legislación laboral aprobada la semana pasada por el Congreso, y, sobre todo, con la supresión o privatización de buena parte de las más de 4.000 entidades públicas, entre empresas y fundaciones, que existen.

El problema al que se enfrenta el Ejecutivo es que la mayoría de estas sociedades pertenecen a las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios. Y el Gobierno no puede imponerles de manera directa que despidan personal, aunque sí le hará una recomendación formal a través de una resolución del Consejo de Ministros. La Moncloa considera clave que exista diálogo y cooperación entre los tres niveles de la administración pública para lograr limitar con precisión las competencias de cada una de ellas, con el fin de evitar duplicidades en el gasto y en la acción administrativa.

Además del Gobierno, la patronal también aboga por menguar de manera notoria la masa salarial de los trabajadores públicos. El presidente de CEOE, Juan Rosell, animó ayer a Mariano Rajoy a tomar esta y otras medidas «complicadas» y «difíciles». Al presidente, a juicio de Rosell, «no le queda otra opción» que cumplir con el compromiso de cerrar 2012 con un déficit público del 5,3%. Entre estas medidas estaría el tijeretazo a la plantilla.

Mariano Rajoy reclamó el lunes en Sevilla a la junta directiva nacional del PP «unidad de acción» para defender las reformas del Gobierno. Y la respuesta ha sido inmediata. El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, explicó que su formación no persigue cambiar el modelo territorial, pero sí aboga por resituar el sistema en «unas dimensiones sotenibles mediante una serie de criterios de buena gobernanza: la estabilidad presupuestaria, la eficacia y la austeridad».