Políticas de inmigración

La entrada en vigor del copago farmacéutico a partir del próximo 1 de julio y la actualización del vademécum público está generando tanto un debate sobre su idoneidad y sus efectos en cuanto al futuro del sistema de bienestar como en lo que se refiere a su aplicación práctica. La sostenibilidad del sistema público de salud está comprometida por tratarse de la única vertiente del estado social cuyos costes irán incrementándose inexorablemente a causa del incremento de la esperanza de vida y la consiguiente cronificación de las patologías asociadas al envejecimiento. La contención del gasto farmacéutico representa una obligación ineludible para las administraciones si se quiere evitar el colapso del sistema. El decreto de copago avanzado por el ministerio de Ana Mato trata de asegurar la financiación de los medicamentos prescritos por el sistema público de salud comprometiendo a los pacientes en parte de su pago con arreglo a su renta. La medida puede tener su justificación desde el punto de vista de los ajustes con los que es necesario reducir un déficit público desbocado ya a mitad de ejercicio. Pero requeriría una reflexión más pausada en términos de justicia social, puesto que medicarse no constituye una opción libre o una aspiración al que el ciudadano pueda renunciar como si se tratase de un servicio más, sino que es consecuencia de una enfermedad que ningún contribuyente desea sobrellevar. Pero para que el debate sobre el futuro de la financiación sanitaria se desarrolle con la máxima racionalidad y sentido democrático es imprescindible que se renuncie a la diatriba maniquea que estigmatiza la fórmula del copago. Las dificultades que entraña la puesta en marcha de la medida, especialmente en período estival, deberían ser evaluadas dentro del balance que se realice de su eficacia financiera al final del presente ejercicio. Del mismo modo que durante los próximos seis meses el ministerio de Mato tendrá que dar cuenta de los efectos reales que induzca la retirada de 425 medicamentos del vademécum público, tanto en cuanto a la prescripción médica como a la conducta de los pacientes.

Durante su reciente viaje a México y Brasil, Mariano Rajoy debió constatar la pésima acogida que tiene en aquellos países la rigurosa política de inmigración española, que, además de cortar el paso a los inmigrantes de tales nacionalidades, somete a controles humillantes a los ciudadanos que vienen simplemente a hacer turismo o en viaje de negocios. No es pues extraño que, a su regreso, Rajoy decidiera junto al ministro del Interior suavizar las condiciones de acogida de los latinoamericanos, lo que se hizo mediante una circular secreta. Descubierta la medida, la Dirección General de la Policía la ha atribuido a 'un error', y ha anunciado que los cambios que se produzcan, si es que llegan, serán públicos. No es este el modo más adecuado de resolver disfunciones de la política migratoria, tan sensible políticamente y en materia de derechos humanos. Tanto las reglas que establecen filtros y requisitos de ingreso como sus modificaciones deben proceder de una reflexión madura y no de la improvisación urgida por un apretón diplomático. Y, por supuesto, han de plasmarse en normas que den seguridad jurídica y no en directrices subrepticias que abran camino a la arbitrariedad.