Piden dos años y medio de cárcel para Trujillo por delito fiscal

La Fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para Juan Francisco Trujillo, el chófer encarcelado desde marzo por los ERE , acusado ahora de delito fiscal por no declarar una de las dos ayudas de 450.000 euros que recibió de su jefe, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también en prisión. Fuentes del caso informaron ayer de que la Fiscalía de Jaén -como lugar de residencia de Trujillo- ha pedido además una multa de 99.402 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de la cuota de 165.067 euros que dejó de ingresar.

Además, solicita cuatro años de inhabilitación para obtener cualquier tipo de subvenciones oficiales. Junto a la causa por los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos que investiga la jueza sevillana Mercedes Alaya, que ordenó prisión sin fianza para Trujillo, el chófer está acusado en dos Juzgados de Andújar (Jaén) por otros tantos delitos fiscales, por no declarar a Hacienda las dos ayudas de 450.000 euros que percibió de la Junta para sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena. La jueza Alaya cree que eran empresas ficticias y los Juzgados de Andújar le acusan de haber eludido el pago de sendas cuotas de 165.067 euros por el Impuesto de Sociedades de 2004.

Otro delito en Andújar

El asunto ahora calificado por la Fiscalía se refiere al delito fiscal que investiga el Juzgado número 1 de Andújar, pero previsiblemente el fiscal presentará la misma petición en las diligencias abiertas por la segunda subvención en el Juzgado número 3 de la localidad. La misma petición de condena ha presentado el Abogado del Estado en nombre de la Administración Tributaria, añadieron las fuentes.

Trujillo fue encarcelado el pasado 20 de marzo, acusado por la jueza Alaya de 22 delitos como obtención indebida de subvenciones, falsedad en documento mercantil, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El chófer confesó ante la jueza que llegó a gastarse 25.000 euros mensuales de las ayudas en comprar cocaína para él mismo y su jefe, haber recogido en dos ocasiones de 2007 sobres con fajos de billetes para Guerrero, haber hecho facturas falsas por trabajos inexistentes y haber falsificado dos contratos de trabajo con empresarios amigos suyos para cobrar el paro. Alaya impuso a Trujillo una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades económicas y no a eludir la prisión, ya que le imputó haber recibido tres subvenciones de 450.000 euros para otras tantas empresas ficticias que creó «puesto de común acuerdo» con Guerrero, así como otros 122.649 euros que recibió su propia madre de una póliza subvencionada por la Junta.

Los dos Juzgados de Andújar acordaron en febrero inhibirse a favor de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en la parte de la denuncia referente a delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y cohecho en la percepción de las ayudas, pero conservaron la parte referida al delito fiscal.