Escrutinio real

La Mesa del Congreso -formada por cinco representantes del PP, tres del PSOE y uno de CiU- logró recientemente un plausible acuerdo sobre qué preguntas parlamentarias al Gobierno relativas a la Corona serían aceptadas a trámite e incluidas en las sesiones de control. En virtud de dicho consenso se aceptan las que hacen referencia a competencias del Gobierno en relación con la Casa del Rey y, lógicamente, se desechan las que se refieren a la vida privada de don Juan Carlos o su familia, y aquellas que son ajenas a la incumbencia del Ejecutivo. El viaje a Botsuana y otro reciente a Kuwait han generado una riada de preguntas, medio centenar, a cargo del varias minorías (UPyD, IU, ICV y ERC), y la Mesa ha dado vía libre a tres de cada cuatro presentadas. Con buen sentido, la primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Celia Villalobos se ha preocupado de poner de manifiesto que los rechazos no son arbitrarios sino que responden al mencionado criterio, es decir versan sobre asuntos sobre los que el Gobierno no puede ni debe entrar. En eso consiste, después de todo, la transparencia en política: en dar publicidad a la acción pública, preservando los reductos legítimos de la intimidad de las personas.