Contra el fraude

El presidente del Gobierno avanzó ayer algunos aspectos del plan de lucha contra el fraude fiscal, que será aprobado mañana por el Consejo de Ministros y que constituirá la lógica y exigible decisión frente a la polémica amnistía que también prepara el Ejecutivo para conseguir que afloren unos 25.000 millones de euros hurtados al control de Hacienda: el plan incluirá la prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para los empresarios profesionales. Los infractores de esta norma serán sancionados con el 25% de la cuantía del pago, además de tener que regularizar ese dinero. El plan en cuestión pretende recaudar 8.171 millones, una cantidad importante que contribuirá a lograr el ambicioso objetivo de déficit del 5,3% a que se ha comprometido nuestro país ante Bruselas. La medida es semejante a las adoptadas en Italia en 2011 -la prohibición es a partir de 1.000 euros- y en Francia en 2010 -3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el cobro de salarios-, y pretende tanto evitar la circulación del dinero negro cuanto que los profesionales que tributan por módulos expidan facturas ficticias por servicios no prestados para que otra empresa se descuente el IVA que no ha pagado. Diversas asociaciones de inspectores y asesores fiscales creen en general positiva la medida, aunque ha habido quien ha considerado demasiado elevado el límite de 2.500 euros, que parece sin embargo prudente. Lógicamente, se insiste en que hay que seguir además controlando el tráfico de billetes de 500 euros y los ingresos en efectivo que se realizan en los bancos. Un mayor rigor en la acción inspectora es indispensable no solo para conseguir el efecto recaudatorio perseguido sino también para incrementar la conciencia fiscal y cambiar la percepción de la economía sumergida, que en España podría alcanzar más del 20% del total, es una actividad legítima. La crisis acentúa la correlación entre los tributos que pagamos y los servicios que recibimos, y es por tanto buen momento para llevar el rigor a unos parajes en los que la picaresca ha desarrollado un papel más activo que la integridad fiscal.