La jueza Alaya fija una fianza récord de 686 millones para Guerrero

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, dictó ayer un auto en el que impone una fianza de responsabilidad civil de 686 .190. 686,36 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso y en prisión desde el pasado sábado. Esta fianza rebaja la petición inicial de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 933 millones de euros.

La magistrada rechaza, además, la petición de la defensa de Guerrero de apartar a la Junta como acusación particular en este procedimiento y declararla responsable civil subsidiaria, pues en ese supuesto los andaluces «se verían doblemente perjudicados, por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público y por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad» en que se fijara esta responsabilidad, «cuyo importe se aplicaría al pago de la misma, en vez de a los fines públicos e interés general a los que deberían ser destinados».

Así, señala que, «en el plano real, los verdaderos perjudicados u ofendidos por los delitos que se investigan, con independencia del buen nombre de una determinada institución pública, son los ciudadanos de este país y, más concretamente, los de esta comunidad», de forma que «de declararse la responsabilidad civil subsidiaria, se daría la paradoja que a los únicos que la misma podría beneficiar sería a los futuros acusados» en caso de que no hicieran frente a sus propias responsabilidades.

«Por todo lo expuesto, y en la medida que la declaración de la Junta como responsable civil subsidiaria podría lesionar nuevamente el interés jurídico de los administrados por ella, que no son otros que los ciudadanos de la comunidad, dicha declaración deberá ser ponderada en el momento que corresponda, y que desde luego no es en fase de instrucción, teniendo en cuenta el doble perjuicio enunciado», apostilla.

En cuanto a la fianza, dice que la tiene como fin «la devolución de las ingentes cantidades de dinero que, de manera presuntamente ilícita, han salido del erario público», tras lo cual analiza «los sólidos indicios» contra el imputado, «de forma que efectuando un cálculo de probabilidades es previsible que pudiera resultar condenado».