Varios informes avalan que Jereyssa recupere la recaudación de impuestos

Un informe de Tesorería, uno de Intervención, otro del gerente de Jereyssa y otro del director técnico de Tributos avalan la decisión del delegado de Economía, Enrique Espinosa, de recuperar la gestión de la recaudación que actualmente se encuentra en manos de la Diputación merced al convenio firmado en el año 2008. Estos documentos se refieren a «disfunciones» detectadas en el servicio, capacidad de la empresa municipal de recaudación para asumir las labores hasta ahora delegadas y viabilidad y adecuación jurídica de la propuesta.

Como se ha destacado durante estos días, la recuperación de la autonomía y la obtención de liquidez en medio de una situación de «colapso total» son claves a la hora de haber tomado esta decisión, mientras se contrata a una entidad financiera para que lleve a cabo el cobro de los impuestos y así pueda adelantar cantidades al Consistorio.

Una de las principales dudas planteadas era la jurídica y los citados informes muestran el empeño en hallar una solución más allá de un convenio que amarra al Ayuntamiento a Diputación al menos hasta mayo de 2013.

Estas dificultades las plantea muy claramente en su informe el director técnico de Tributos, quien recuerda que el convenio se establece por cinco años desde la fecha de su entrada en vigor, lo que significa que, en teoría, la anulación del mismo no tendría efecto hasta mayo del año 2013.

Eso en el mejor de los casos, es decir, siempre y cuando la Diputación no haya materializado la modificación de dicho acuerdo, según el pleno municipal de enero de 2011, que alargaba el mismo hasta diciembre del año 2031.

Vigencia «voluntaria»

No obstante una cosa es el citado acuerdo y otro la normativa existente, concretamente las leyes de administraciones públicas y haciendas locales. Según éstas, la delegación de competencias «será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido». Es decir, «se deja a voluntad de quien delega, titular original de la competencia, la decisión de establecer su vigencia como considere oportuno», señala el reseñado informe. No obstante también está la complicación de la obligaciones contraídas con terceros, es decir, con entidades financieras y acreedores como Urbaser.

Ni las consecuencias jurídicas que ello pudiera tener pueden «abocar a mantener un convenio» que podría llevar, «entre otras cosas, a la reducción de los ingresos líquidos de la Tesorería municipal y a un absoluto colapso».

Por todo ello se recomienda precisamente una revocación «transitoria» e incluso «parcial» del convenio, donde se ha planteado que el ente provincial siga manteniendo los expedientes sancionadores en materia de tráfico.

Por su parte el informe de Intervención, tras hacer varias consideraciones, concluye que «la continuidad del acuerdo depende de la voluntad de ambas administraciones, que pueden decidir su renuncia o suspensión en base a sus propios intereses, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de los compromisos adquiridos entre ambas y la liquidación de medios y recursos afectados».

El más extenso de todos es el emitido por Tesorería, que como otros documentos avala la capacidad de Jereyssa para asumir la gestión directa, eso sí, contando con la colaboración de una entidad financiera para lograr los anticipos y por tanto la ansiada liquidez.

Eso sí, matiza que haría falta un periodo transitorio de adaptación y la colaboración de la Diputación para asumir la tramitación de los citados expedientes.

Por otro lado, alude a problemas de control y contabilización por falta de adecuada rendición de cuentas por parte de la entidad provincial. Tampoco se han cumplido los objetivos originarios que motivaron la puesta en marcha del convenio: disminución de costes y aumento de la recaudación.

Múltiples razones para revocar un acuerdo que, no obstante, plantea dudas sobre todo por las tomas de razón comprometidas con entidades financieras y proveedores, principales acreedores del Ayuntamiento. Mientras tanto, el Consistorio trata de hallar la ansiada liquidez para garantizar las nóminas y otros pagos urgentes.