El Gobierno abarata los despidos

El Gobierno ha cumplido con los mensajes lanzados en los últimos días y ha aprobado una reforma laboral «agresiva» que, básicamente, abarata y favorece el despido, crea mejores condiciones de flexibilidad interna para que las empresas se 'descuelguen' de los convenios colectivos y elimina la autorización previa de las autoridades laborales en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Al tiempo, el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros pone encima de la mesa de las pymes incentivos notables para que contraten jóvenes y parados de larga duración, los colectivos a los que el cambio legal quiere dar algo de oxígeno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, no dudaron en calificar la reforma de histórica. «Habrá un antes y un después», afirmaron, para a continuación reconocer que por sí sola no creará empleo. Los objetivos del nuevo marco legal, añadieron, son combatir la rigidez y luchar contra la dualidad del mercado, con la vista puesta en sentar las bases necesarias para que cuando la economía despegue se cree empleo a ritmos razonables.

A la espera de que eso suceda, el escenario cambia, y mucho. Una de las grandes novedades es la generalización para el contrato indefinido del despido de 33 días con un máximo de 24 meses, que sustituye al modelo vigente hoy de 45 días y 42 mensualidades para las salidas improcedentes. Aun así, no se pierden los derechos adquiridos y la norma no tiene efecto retroactivo.

Pero el gran impacto para los miles de trabajadores que cada día temen perder su puesto llega de la mano del despido procedente (20 días y 12 mensualidades, y hasta ahora muy poco utilizado). La reforma del Gabinete de Rajoy abre la mano a la hora de determinar las causas objetivas económicas, y señala que bastará no ya con que la empresa esté en pérdidas (presentes o futuras, como dice hoy la ley), sino que el nivel de ingresos o ventas descienda de forma persistente y ponga en peligro la viabilidad de la compañía.

¿Y qué es persistente? El Ejecutivo entiende que «tres trimestres consecutivos». Esto es, a partir de la entrada en vigor de la reforma, este fin de semana, se podrá alegar esa caída de facturación en los últimos nueve meses.

El nuevo texto elimina la figura del 'despido exprés', con el que el empleador asumía 45 días por una extinción improcedente para evitarse un farragoso proceso judicial y los costes salariales de tramitación.

Según fuentes de Empleo, el objetivo es que se tienda a que el despido justificado cueste 20 días, que ahora será más fácil, añaden. Más, si cabe, si se tiene en cuenta la tercera palanca de abaratamiento del despido, la eliminación de la autorización previa de los ERE, que podría empujar a los empresarios a conjugar esas causas organizativas o económicas para pagar el menor coste posible. Y es que será el propio empleador el que determine si la caída de ventas pone en peligro su negocio, siempre, eso sí, en una decisión revisable ante un juez. Con estos mimbres, es previsible un aluvión de despidos de 20 días que los trabajadores habrán de pelear ante el juez para intentar una improcedencia en la salida y con eso garantizarse los 33 días. Queda entonces por ver si el giro logra «que el despido sea la última alternativa», lo que según Báñez es el 'leit motiv' de la reforma y los técnicos de su Ministerio tienen meridianamente claro. Para rebajar el impacto de los ajustes la reforma obligará a las empresas de más de cien trabajadores (que no estén en quiebra) que hagan un ERE a presentar un plan de recolocación por seis meses.

Además, y con carácter general, deberán contribuir a sufragar todo o parte del gasto que supongan los expedientes para el erario público. Una extensión del 'modelo Telefónica'. El Fogasa también cambia, y ahora se hará cargo solo de complementar las indemnizaciones por despido (8 días) en las pymes.

Las ventajas a los empresarios no terminan aquí, pues se les facilita el descuelgue de los convenios bastante más allá de lo pactado por los agentes sociales en el reciente acuerdo de negociación colectiva. Cuando la empresa quiera alterar salarios, funciones u horarios deberá negociarlo con la representación de los trabajadores y, si no hay acuerdo, ir a la comisión paritaria y después a una mediación o arbitraje. Si este último punto no está contemplado en los convenios actuará una comisión nacional, que resolverá en 25 días sin posibilidad de recurso.

El Ejecutivo ha puesto coto también a la ultraactividad de los convenios, que queda fijada en dos años desde su denuncia. Si llegado ese momento no hay nuevo pacto, el antiguo decaerá y funcionará el de ámbito superior o, si no existe, la legislación básica. Con esto se acaba con las negociaciones encalladas durante años, y se prevé un movimiento generalizado para cambiar los convenios e incluir la mediación, que hoy falta en muchos.

Paro y salario

En el apartado de estímulos, que también lo hay, destaca la creación de un nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores cuyo objetivo es favorecer el empleo entre los colectivos más desfavorecidos. Así, y pensado para empresas de menos de 50 empleados, comportará una deducción fiscal de 3.000 euros en la contratación del primer menor de 30 años que provenga del paro durante el primer año, que coincide con el periodo de prueba del empleado. La empresa podrá deducirse el equivalente al 50% de la prestación por desempleo de los trabajadores contratados, y estos (otra novedad) podrán compaginar su nuevo sueldo con un 25% de su paro que, eso sí, irán consumiendo en esa proporción durante esos doce meses. Esta figura será compatible con las subvenciones para la contratación de parados de entre 16 y 30 años (hasta 3.600 euros) y de desempleados de larga duración (hasta 4.500).

Para combatir la dualidad y precarización del mercado laboral, el Gobierno ha decidido prohibir (eso sí, a partir del próximo 31 de diciembre) el encadenamiento de contratos temporales más allá de 24 meses. Para dar una salida laboral a los más perjudicados por la crisis, el real decreto modifica los contratos a tiempo parcial; más en concreto la cotización de las horas extra, que a partir de ahora se integrarán en la base y contarán para la prestación por desempleo.