La Junta debe 15 millones de euros a la provincia en ayudas al alquiler

El éxito de convocatoria ha podido con las ayudas para el fomento del alquiler que aprobó la Junta de Andalucía en el año 2005, pero las ha dejado morir en la peor de las condiciones: con miles de jóvenes reclamando subvenciones y con una deuda que supera varios millones de euros. En enero del pasado año, la ley que regulaba estas ayudas se derogó con un débito de quince millones en la provincia a sus espaldas. Y es que desde que la Consejería de Obras Públicas y Transportes anunciara este programa, encaminado a facilitar el arrendamiento de pisos a los jóvenes de menos de 35 años y a otros colectivos (como inmigrantes o víctimas de violencia de género), fueron muchos los que vieron la oportunidad de emanciparse o de recibir un importante empujón a la hora de hacer frente al pago del alquiler.

Fracaso a tres bandas

Este programa prometía el 40% del pago mensual a los inquilinos y un importe de 6.000 euros a los propietarios que dejaran durante cinco años su casa en régimen de arrendamiento. Desde que se homologó la primera agencia de fomento del alquiler en Almería han pasado más de seis años y la respuesta ha sido masiva, hasta tal punto que la administración autonómica se ha visto desbordada. En el caso de la provincia, desde el 2005 hasta el pasado año, un total de 2.690 solicitudes de jóvenes se han resuelto favorablemente, según apuntan desde la Delegación provincial de Obras Públicas. Pero el problema radica en que a estos gaditanos se les adeuda unos 2,5 millones de euros y otros 9 millones a los propietarios de esas casas que se pusieron en alquiler. Pero, además, hay un tercer afectado que es la que ha decidido lanzar la voz de alarma, las agencias de fomento del alquiler. Estas agencias inmobiliarias son las que han ejercido de intermediarias entre las dos partes que firmaban el contrato de arrendamiento y las que ahora han unido fuerzas para reclamar las cantidades debidas.

Desde la Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler (Asafand), su presidenta, Natalia García Giandinotto, apunta a que, además, la Junta debe a las agencias que abrieron en Cádiz unos 3,5 millones de euros. Es más, García explica que la situación se hizo tan insostenible que hasta el 90% de las inmobiliarias que ejercían de intermediarias en la provincia han decidido cerrar. Esto se traduce en que de las 16 que se pusieron en pie en 2005 a día de hoy solo dos de ellas permanecen operativas. Sin embargo, el perjuicio no ha sido solo económico, ya que las agencias lamentan el «desprestigio» que les ha supuesto este «batacazo» de la Junta y la pérdida de empleo que ha ocasionado en estos negocios. Desde la asociación manejan todas las cantidades que la Junta debe tanto a inquilinos como a propietarios y añaden que «ahora se están resolviendo solicitudes que se presentaron en el año 2008», es decir que los pagos acarrean una demora de más de tres años.

García detalla que «una vez que comenzamos nuestra actividad, empezamos a notar la gran aceptación del programa entre los colectivos a los que está destinado, pero en contrapartida también notamos por parte de la Administración poca información y atención hacia los agentes y la ausencia del comprometido arbitraje». Por este motivo, asegura, se sienten «engañados, estafados y utilizados, ya que la Junta ha vulnerado e incumplido gravemente los pactos firmados». Los impagos a los que apuntan ha conducido a un sector ya de por sí castigado, como es el inmobiliario, a «una situación de quiebra técnica y cese de la actividad en la gran mayoría de las ocasiones». Asimismo, advierte de «la falta de medios técnicos y personales para el tratamiento y gestión de los expedientes tramitados». Esta falta de medios está provocando la «total desorganización en el recuento de las ayudas solicitadas» y el «desprestigio de las agencias, ya que somos la cara visible de los solicitantes de las ayudas y las que tenemos que dar las explicaciones que no nos corresponden» .

La presidenta de la Asafand explica que si han decido hablar después de tres años de impagos y esperar hasta este momento para denunciar y reclamar sus derechos ha sido «por creer en falsas promesas, mientras intentábamos aguantar con las pequeñas limosnas que nos han sido abonadas». No obstante, afirman que en este tiempo han mantenido varias reuniones con diferentes responsables de la Consejería de Obras Públicas, para «suplicar información y respuesta por las tardías gestiones de tramitación y atrasos y por la poca comunicación con las agencias, pero hasta el momento solo hemos recibido excusas, trabas y promesas de imposible cumplimiento».

Por todo esto, hablan de una situación «crítica» y sostienen que a pesar de la falta de disponibilidad presupuestaria, no se ha decretado ninguna norma para que las agencias de fomento dejen de funcionar. Mientras, añaden, «nos obligan a seguir tramitando subvenciones a inquilinos que sabemos claramente que no serán ni siquiera revisadas por la Administración».