El Gobierno desmiente a Artur Mas y recalca que cumplirá con el déficit

Mariano Rajoy rehuye de las excusas de mal pagador y, sobre todo, centra sus primeros esfuerzos en evitar que Unión Europea desconfíe de la solvencia de nuestro país en materia económica. Por ello, y aunque lo piensen y anhelen en privado, los miembros del Gobierno cercenan públicamente cualquier insinuación sobre la posibilidad de que, tal y como señalan algunos expertos, España no pueda reducir el déficit del actual 8,1% al 4,4% que exige Bruselas.

Un acto de contrición por pecados que el actual Ejecutivo responsabiliza a José Luis Rodríguez Zapatero y que conllevaría el pago de una penitencia de 40.000 millones de euros más, que se verían reflejados en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que presentarán a finales de marzo.

En este contexto, Soraya Sáenz de Santamaría rechazó la tesis de Artur Mas, que tras reunirse con Rajoy el pasado miércoles en la Moncloa, aseveró que anunciar que España logrará reducir los números rojos del Estado en casi cuatro puntos y en un solo año «sería tanto como engañar». La vicepresidente del Gobierno, con menos contundencia de la habitual, reiteró que «España cumplirá con sus compromisos» y enfatizó que el primer Ejecutivo de Rajoy, pese a llevar poco más de un mes en su puesto, se ha caracterizado «por decir siempre la verdad» a los ciudadanos. La vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno no podía cargar las tintas contra Mas, porque el líder de CiU ha prometido el apoyo de su formación a todas las reformas estructurales que el Ejecutivo presente en el Congreso de los Diputados, en especial la laboral. Un cambio en este modelo que, según confesó Rajoy al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, le va a costar «una huelga general».

Y no es que el Gobierno necesite el salvoconducto de los nacionalistas catalanes para sacarlas adelante -basta con la mayoría absoluta que disfruta el PP- pero Rajoy quiere eludir en lo posible la imagen de soledad parlamentaria que tanto daño hizo a Zapatero en momentos clave de la pasada legislatura.

Sáenz de Santamaría abundó, a preguntas de los periodistas tras la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros, que «hemos dicho la verdad desde el primer minuto y hemos trasmitido al conjunto de los españoles cómo estaba la situación y los problemas que había». La 'vicetodo' optó por desmontar el 'inoportuno' análisis de Mas sin contestar de manera directa sobre si Rajoy negocia o no un aplazamiento con sus socios europeos, como expuso Mas. Recurrió a la enumeración de una batería de argumentos basados en un principio básico: «El Gobierno actúa y no nos quedamos en declaraciones», apostilló.

Así, explicó que el Gobierno se ha «puesto manos a la obra» desde el primer momento para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita nuestra economía para crecer y especialmente para crear empleo. Detalló, por ejemplo, que el segundo Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley de medidas económicas urgentes, con un acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones de euros para cumplir con el objetivo del déficit.

Para enfatizar el compromiso de Rajoy con la reducción del déficit añadió que «inmediatamente después hemos trabajado para llevar a las cortes cuanto antes un anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y cumplimiento de objetivo de déficit, que impone un techo de gasto ahora y de aquí en adelante».

Lo más importante, a su juicio, es que lo único que busca el Gobierno con la consolidación fiscal como y las reformas es « devolver la confianza en la economía española para lograr el objetivo de la crear empleo».

Líneas rojas

Prueba de la buena sintonía que existe en la actualidad entre los gobiernos central y catalán es que la vicepresidenta, cuestionada por otros asuntos del cara a cara entre Rajoy y Mas eludió responder sobre las «líneas rojas» que marcó el mandatario catalán en materia identitaria. Sáenz de Santamaría dejó claro que el Gobierno cree que debe promoverse un bilingüismo «integrador y equilibrado» que ya existe «en el ámbito de la calle».

«El Gobierno considera que lo que debe promoverse en todas las comunidades autónomas que tienen una lengua oficial propia es ese bilingüismo integrador y equilibrado que se practica en la calle», remachó la número dos del Ejecutivo. Defendió, en pos de este periodo de entendimiento, la apuesta por «esa cordialidad» que a su juicio ya existe entre los ciudadanos y que «debe existir» en el ámbito educativo y del conjunto de las administraciones.