Reforma jurídica

El ministro Ruiz-Gallardón avanzó ayer las líneas básicas de un programa reformador en materia de Justicia cuya tramitación parlamentaria se sustenta en la mayoría absoluta del PP, aunque difícilmente suscitará la anuencia del resto de los grupos ni el consenso judicial. El Gobierno, como adelantó de víspera la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, alberga el propósito de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que su Consejo pase a ser íntegramente elegido por los propios jueces y magistrados. Es posible que ello contribuya a superar el largo período en el que dicho órgano de gobierno ha sido objeto de tensiones partidarias. Pero la tan denostada 'politización' de la Justicia ha sido consecuencia tanto del irrefrenable afán de los principales partidos por controlar dicho poder como de las complicidades que han encontrado para ello entre los propios jueces. Si la elección del CGPJ por las cámaras legislativas ha acabado consagrando la clasificación ideológica de sus integrantes entre conservadores y progresistas, el cambio anunciado debería garantizar la libre y efectiva participación de todos los jueces, asociados o no. De lo contrario volvería a primer plano la disyuntiva entre legitimidad democrática y separación de poderes en la elección del citado Consejo. El Gobierno no ha esperado a la sentencia del TC sobre el recurso del PP contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 para hacer pública su intención de modificarla, cuando menos, en lo que se refiere al consentimiento paterno o materno a las menores de 16 y 17 años. Pero de hacerlo así debería ofrecer una salida al conflicto que pueda suscitarse entre una menor cuya voluntad firme sea abortar y unos padres firmemente decididos a impedírselo. El enjuiciamiento unificado de los menores que sean acusados de delitos cometidos en compañía de mayores de edad puede constituir un modo más idóneo para esclarecer los hechos e impartir Justicia siempre que se preserven específicamente los derechos de los primeros. Por último, la introducción de la «prisión permanente revisable» en el Código Penal debería contemplar casos tan excepcionales que el Gobierno haría bien en recapacitar sobre su interés y conveniencia desde el punto de vista del Estado de Derecho.