El Gobierno cambiará la ley del aborto y creará la cadena perpetua revisable

Alberto Ruiz-Gallardón dejó ayer claro en su primera comparecencia en el Congreso que el Gobierno de Mariano Rajoy cumplirá todas las reformas judiciales a que se comprometió en el programa electoral. Si es posible lo hará con acuerdos y, si no es así, en solitario con su mayoría absoluta.

El ministro de Justicia desató las iras de la oposición, en especial la de los grupos de izquierda y del PNV, cuando anunció que se dispone a modificar la ley del aborto y a introducir en el Código Penal la prisión permanente revisable, que para la mayoría de los grupos equivale a implantar por la puerta de atrás la cadena perpetua.

Gallardón se limitó a dar unas pinceladas sobre el contenido de estos cambios legales, pero dejó claro que la nueva ley del aborto solo permitirá la interrupción del embarazo en las jóvenes de 16 y 17 años si cuentan con permiso explícito de sus padres. La reforma de 2010 daba libertad para abortar a estas mujeres, que solo debían acreditar que habían informado a alguno de sus progenitores, trámite que incluso podía obviarse si alegaban que la comunicación podía desembocar en un episodio de violencia o amenazas familiares. El titular de Justicia no explicó si además se dispone a cambiar la actual ley de plazos y a regresar a una norma de supuestos como la 1985, pero abrió esta posibilidad al decir que «se defenderá el derecho a la vida» del feto en los términos en que el Constitucional estableció.

El ministro fue más inconcreto aún al hablar de la figura de la prisión permanente revisable. Se limitó a decir que se trata de una nueva pena «excepcional» enfocada a los delincuentes que «han alcanzado el máximo grado de alarma social» y que se regulará en términos similares a otros países de la UE.

La única vez que el PP ahondó en este concepto, a través de una enmienda fallida en la pasada legislatura, pensaba en una pena para terroristas, violadores reincidentes o asesinos de menores, entre otros. Se trataba de mantenerles en prisión incondicional por un mínimo de 20 años, cuando se abriría un proceso para la revisión de sus posibilidades de reinserción o acceso a beneficios o para decretar un nuevo período tasado de no excarcelación. Su encarcelamiento tendría nuevas revisiones y en caso de salida final podría haber fórmulas de seguridad como la libertad vigilada. En su día, la pena cosechó el rechazo unánime del resto de partidos.

El programa de reformas de Gallardón también incluye una modificación de la ley del menor para permitir que los jóvenes que cometan delitos graves junto a adultos puedan ser juzgados en un único proceso, aunque cada uno de ellos según sus normas aplicables, y para cambiar el Código Penal a fin de que los pequeños ladrones multirreincidentes puedan ser acusados de delitos y recibir penas de privación de libertad y no solo multas.

Otra de las novedades es la reforma del Estatuto de las Víctimas para garantizar sus derechos ante el agresor. Estarán permanentemente informadas de la marcha del proceso, del paradero de su agresor hasta el final de la condena, podrán tener voz e incluso oponerse sobre beneficios penitenciarios y medidas de gracia, y se intentará que cobren las indemnizaciones.

Las grandes leyes

El programa también incluye las grandes reformas para modernizar el sistema judicial. Una de las fundamentales es una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice el proceso penal, regule las escuchas, actualice el papel de la policía judicial, generalice la segunda instancia, o establezca medidas para evitar la filtración del secreto de sumario. El PP podría aceptar que los fiscales instruyan algunos casos que requieran «investigaciones mínimas», pero, a diferencia del PSOE, no renuncia al juez instructor.

Una reforma de la ley del Poder Judicial cambiará su sistema de elección, delimitará las competencias entre Supremo y Constitucional, establecerá normas para ascensos, y cambiará el modelo de oficina judicial. Lo que ya insinuó que no le quitará el sueño es la creación de los consejos de justicia autonómicos, que en cualquier caso carecerían de competencias de inspección, nombramientos o disciplinarias.

El ministro también aspira a modificar la estructura de los partidos judiciales, tratará de unificar los sistemas informáticos de Estado y comunidades, y tomará medidas para desatascar los juzgados bloqueados por asuntos menores. Con este objetivo aprobará nuevas leyes de Mediación y Jurisdicción Voluntaria, para que secretarios, notarios, registradores o procuradores liberen a los jueces con la desjudicialización de controversias y temas más simples.