El Gobierno quiere que los jueces elijan el Poder Judicial

El Gobierno impulsará una reforma legal para que sean los jueces quienes elijan entre los miembros de su carrera a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El objetivo, según explicó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en su primera comparecencia en el Congreso, es que el órgano de gobierno de los jueces recupere mayores cotas de independencia y se desligue al máximo de las diferentes mayorías parlamentarias.

Sería una vuelta al procedimiento de elección que había hasta 1986, cuando eran los propios jueces, a través de sufragio interno y directo, quienes designaban por un período de cinco años a 12 de los 20 vocales del Consejo. Los otros ocho miembros, como en la actualidad, serían designados por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado, cuatro por Cámara, entre juristas de reconocido prestigio.

El sistema de elección actual establece que los 12 vocales sean elegidos por las Cortes, seis por cada cámara, de los nombres de una lista de 36 candidatos que sí designaba la carrera judicial. La fórmula, de hecho, acababa dejando en manos de los partidos mayoritarios la elección de los 20 vocales, pues los doce de carrera no se designaban entre los más votados por sus compañeros sino a conveniencia.

La reforma cayó como un jarro de agua fría en el PSOE. Ramón Jáuregui dijo que «esto rompe los consensos básicos de la estructura judicial, porque siempre hemos pensado que al órgano de gobierno de los jueces lo tiene que elegir el Parlamento». No obstante, el pacto con los socialistas no es imprescindible para cambiar la ley.

Inamovibles

La modificación de la elección del Consejo no es la única que persigue Mariano Rajoy. Sáenz de Santamaría anunció una reforma del funcionamiento y las competencias del Tribunal Constitucional en la que también aspira a establecer una nueva fórmula de elección para desligar al órgano de «coyunturas parlamentarias». Quiere convencer al PSOE para modificar la Constitución y que los magistrados no sean elegidos por un período de nueve años, sino que se mantengan inamovibles en sus cargos hasta la jubilación. Los socialistas, indispensables para este cambio, nunca han sido partidarios de la modificación. La reforma de los populares lo que sí volverá a introducir es un control por la corte de la constitucionalidad de los estatutos de autonomía, previo a su aprobación por las Cortes, y una fuerte limitación a la presentación de recursos de amparo ante el tribunal.

La vicepresidenta incluyó estas medidas en lo que denominó «programa de regeneración democrática». Entre sus puntos destacan también una ley de transparencia, que comenzará a debatirse antes del verano y que permitirá que los ciudadanos puedan acceder a los datos de la Administración a través de un portal de Internet.

También se prevé un revisión del modelo y una auditoría interna de RTVE, hacer cambios legales para que las radios puedan trabajar en los campos de fútbol, cubrir antes del verano las vacantes que hay desde hace años en los consejos de los altos órganos del Estado, y reformar el estatuto del personal del CNI «para -según Sáenz de Santamaría- mejorar su profesionalidad».