Más sacrificios en salarios y jornada para evitar despidos

Patronal y sindicatos, tras dos meses de negociación con ultimátum del Gobierno incluido, parecen haber encontrado el suficiente consenso sobre el devenir de los convenios colectivos. Tras la entente, que a última hora de ayer aún era provisional en su forma (no en el fondo) mientras se perfilaba un texto definitivo que presentar a los órganos de dirección de las partes, se esconde un único 'leit motiv', el de aceptar más sacrificios en salarios, jornada u organización del trabajo con el objetivo de frenar la sangría del paro y evitar despidos. El que se adivina como nuevo Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2012-2014 es, no hay que olvidarlo, una hoja de ruta para los negociadores.

El consenso refuerza la flexibilidad interna de las empresas, sustituye la congelación salarial que quería CEOE por moderación y aboga por cambios en la estructura de esos salarios para introducir componentes ligados a la marcha de la economía nacional y de las propias compañías. Con el convenio sectorial como idea fuerza, el acuerdo no olvida el ámbito provincial, del que dice «es el que más cobertura facilita a empresas y trabajadores» por lo que es necesario «preservarlo». Junto a esto, surge la posibilidad de que las empresas se descuelguen de su convenio por un tiempo limitado y puedan alterar elementos clave, de forma negociada con los trabajadores, cuando las cosas se pongan muy difíciles.

Sobre la flexibilidad interna (tiempo de trabajo, funciones del empleado y salario), el pacto distingue entre ordinaria y extraordinaria. En la primera, y con la jornada anual como guía inamovible para evitar horas extraordinarias o contratos temporales, el pacto recomienda que el empresario pueda distribuir de forma irregular un 10% de la jornada (hoy es el 5%) y disponga de una bolsa de cinco días (o 40 horas al año). Los pactos de empresa deben promover la racionalización del horario para mejorar la productividad y favorecer la conciliación. La flexibilidad en el tiempo debe ir acompañada, subraya el acuerdo, de garantías.

Otra cosa es la extraordinaria (más allá de lo antes expuesto y siempre temporal), cuya aplicación exige razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que la justifiquen y que deberían constar en los convenios. La empresa deberá comunicarla al comité, y en caso de desacuerdo intervendrían primero la comisión paritaria y después el arbitraje. En movilidad funcional, este 'extra', que no podrá ir más allá de seis meses en un año o de ocho meses en dos ejercicios, no podrá comportar despidos objetivos por «ineptitud sobrevenida o falta de adaptación».

Medidas excepcionales

Patronal y sindicatos reconocen que la crisis impone medidas de carácter excepcional (con duración inferior a la del convenio o, en todo caso, a tres años) que evite despidos y EREs, por lo que invitan a los convenios sectoriales a incluir cláusulas de descuelgue siempre negociadas sobre aspectos capitales distintos al salario. Las excepciones se activarían por la disminución persistente de ingresos, o cuando la situación y perspectivas económicas de la firma pudieran verse afectadas por la aplicación de las condiciones a suspender «siempre y cuando se justifique la inaplicación por su afectación al mantenimiento del empleo». El acuerdo subraya la necesidad de fijar con anterioridad parámetros y porcentajes concretos que sustenten el descuelgue como puedan ser la caída de ventas o de productividad en el último año o en los últimos doce meses.

En salarios, las partes ven convenientes los complementos variables en función de la situación de la empresa, con una estructura salarial renovada y con incentivos a la producción o los resultados. Eso requerirá también más información para los sindicatos. La propuesta (que incluye una petición de «máximo esfuerzo» a todos) pasa por un incremento retributivo de hasta el 0,5% y el 0,6% este año y el próximo, respectivamente. En ambos casos se incluiría una cláusula de actualización (no consolidable) con el exceso del IPC anual sobre el 2% (la previsión oficial), y en la que habría que descontar el impacto en los precios de la energía si el petróleo Brent se encareciera más de un 10%. Para 2014, el alza iría ligada a la economía (un 0,6% máximo si el PIB crece menos del 1%; un 1% si el PIB avanza entre un 1% y un 2%, y un 1,5% como tope si la economía repunta más allá del 2%).