La APDH alerta del peligro de regular el trabajo doméstico a inmigrantes

Desde el pasado 1 de enero las empleadas de hogar tienen la obligación de integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social. Una medida aprobada por el Congreso de los Diputados durante el pasado mes de junio que nació con la clara voluntad de dignificar a uno de los colectivos más vulnerables y dotarlo de una serie derechos mínimos como la posibilidad de acceder a bajas por enfermedad o generar prestaciones como las pensiones.

Pero lo que en un principio surgía con la intención de acabar con la invisibilidad del colectivo, está camino de producir un efecto contrario, sobre todo entre las mujeres inmigrantes. Así lo ha puesto de manifestó el asesor jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Diego Boza, la persona que se está encargando de asesorar a las cientos de mujeres que durante las últimas semanas se han puesto en contacto con la entidad para obtener más información al respecto. Para Boza el futuro es bastante claro y desalentador, porque si no se incluyen una serie de mejoras en el desarrollo de la norma, la misma conducirá irremediablemente a un efecto retorno de estas personas a sus países de origen ante la falta de trabajo.

Y es que tal y como está planteada la medida, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Hasta el 1 de enero, si la trabajadora tenía varios empleadores, es decir, si limpiaba por horas en distintas casas, el alta de la seguridad social lo costeaba la propia trabajadora de su propio bolsillo. Sin embargo, en la actualidad esta obligación deben asumirla los que la contratan. Esto implica que los empleadores tengan que aportar su número de cuenta y que además tengan que pagar más por el mismo servicio, al asumir parte de la cotización de sus empleadas. En este sentido, Boza ha explicado a este medio que ya han llegado varias mujeres a la asociación vaticinando que su jefe se plantea despedirlas «porque se les están reconociendo demasiados derechos».

En el caso del colectivo inmigrante la cuestión se hace todavía más preocupante, ya que éstas necesitan seguir dadas de alta en la Seguridad Social para justificar su residencia en España.

Diego Boza considera que con esta medida se ha cubierto una de las reivindicaciones históricas del colectivo, pero aseguró que falta «pedagogía», para que los empleadores tomen conciencia de la importancia de regular a estas personas.

La inclusión de estas trabajadoras en el Régimen General seguirá privándolas del derecho a cobrar prestaciones por desempleo. A lo que sí obliga es que a que el alta en la Seguridad Social venga acompañado de un contrato de trabajo que tiene que especificar las horas que se prestan semanalmente, el salario mensual o el acordado por hora realizada, las pernoctaciones y cualquier retribución en especie. Las partes pueden jugar con el salario y con las horas de trabajo para adaptarlo al tramo de cotización que más se aproxime a su realidad. El salario más bajo incluye los contratos de menos de 74,83 euros al mes y luego van aumentando en tramos de cincuenta euros.