La Fiscalía recurre la decisión judicial de paralizar el derribo de una casa ilegal

La lucha contra la proliferación de viviendas ilegales en la costa gaditana, se enfrenta a menudo con la comprensión hacia los propietarios que han levantado sus hogares a sabiendas de que estaba prohibido. La presión de este colectivo ha propiciado numerosos procesos de legalización de las grandes bolsas de urbanizaciones.

Ahora, estas legalizaciones podrían salvar incluso viviendas cuya demolición han sido acordadas por un juez hace años, por la vía penal. Sin ir más lejos, la Fiscalía de Cádiz acaba de recurrir un auto de la Audiencia Provincial de Cádiz que da por buena la paralización del derribo de una vivienda ilegal de Chipiona, cuya demolición fue dictada hace tres años, a la espera de que el Ayuntamiento informe si el futuro planeamiento urbanístico califica el suelo como urbanizable.

El mismo juez de lo Penal (el número 1 de Cádiz) que decidió demolerla en 2008, acordó paralizar su propia sentencia, con el argumento antes comentado. La Fiscalía apeló aquella decisión, pero la Audiencia ha desestimado el recurso al considerar que la paralización «parece comprensible socialmente», y cree que «no es irracional que se concedan moratorias en la ejecución si se cuentan con criterios fiables de una futura y próxima legalización».

Una nueva apelación

Ahora, el Ministerio Público ha vuelto a recurrir esta paralización, pues argumenta que una sentencia firme no debe quedar al arbitrio de un Ayuntamiento. «Es procedente recordar que las sentencias firmes deben ser cumplidas en sus propios términos», expresa la fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarro, en su escrito de apelación (al que ha tenido acceso LA VOZ), en el que también recuerda que la paralización se limitó en 2008 por tan solo ocho meses. Dicho plazo se ha ido ampliando sucesivamente durante tres años, en los que el ayuntamiento sigue sin dar información sobre sus planes urbanísticos.

La Fiscalía también recuerda a la Sección Primera, que la misma sala ya dictó una sentencia en mayo de 2009, por un caso similar, en el que se rechazaba «el argumento de que existe un nuevo Plan de Ordenación Urbana en ciernes» para evitar un derribo. De ahí que en la apelación la Fiscalía se muestre sorprendida de que ahora se utilice un argumento diametralmente contrario y se apele a un futuro PGOU. El Ministerio Público.