Lento juicio a las dictaduras del Cono Sur

La reciente condena a 16 represores argentinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el megajuicio que se iniciará en 2012 contra otros 70 acusados de ese centro clandestino de detención dejarán a Brasil, Chile y Uruguay visiblemente retrasados en relación al encausamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en los años 70 por las dictaduras del Cono Sur.

No se trata de establecer un ránking. Se sabe que cada país tiene sus leyes, sus tiempos políticos y judiciales, y también que cada régimen tuvo su sesgo. Sin duda, en esa comparación indebida, Argentina cargó con la más cruenta dictadura, con al menos 13.000 desaparecidos que podrían ser 30.000 según organismos de Derechos Humanos.

En este país, los excomandantes de la dictadura (1976-83) fueron juzgados y condenados primero, luego indultados y de nuevo procesados después de que se declarase inconstitucional el perdón para delitos de lesa humanidad. Sus subordinados también fueron procesados, liberados por las leyes de amnistía, y por segunda vez sometidos a juicio por la anulación de esas normas.

Lo cierto es que en los últimos años los juicios avanzan lentos pero firmes en Argentina, sin ninguna traba legal. Hay 262 represores condenados, 802 procesados, 14 juicios en marcha y 10 a punto de comenzar, entre ellos el principal juicio de la ESMA. La condena a 16 represores dictada hace unos días fue apenas una muestra del horror en esa prisión clandestina, por la que pasaron 5.000 detenidos.

En el proceso que comenzará en 2012 serán juzgados 70 represores por delitos contra 780 víctimas. Se trata de un juicio más relevante que el de los excomandantes de 1985 -que incluyó a 900 víctimas pero solo nueve acusados, entre ellos el exdictador Jorge Videla- y que el de Núremberg, que sentó a 24 nazis en el banquillo. El gran proceso de la ESMA discurrirá en paralelo a otros sumarios que se siguen en las distintas provincias del país.

Los organismos de Derechos Humanos, que nacieron hace 35 años para exigir justicia por estos casos, se muestran conformes con el avance de los juicios, pero quisieran que el ritmo se acelere. Reclaman además que se evite a los supervivientes tener que declarar una y otra vez, ante distintos jueces, por cada grupo de represores cuyos casos son elevados a juicios parciales. Con todo, la situación dista de ser la que viven los países vecinos, donde las amnistías siguen vigentes y hay que inventar instrumentos para sortearlas.

En Brasil, la semana pasada, el Gobierno de Dilma Rousseff -detenida y torturada durante la dictadura (1964-85)- logró lo que parecía imposible: que se apruebe en el Congreso el proyecto de crear una Comisión de la Verdad para investigar lo que ocurrió con las 475 personas a las que el régimen asesinó o hizo desaparecer.

Amparadas por la amnistía de 1979, dictada por los militares y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2010, las Fuerzas Armadas brasileñas se resistían a una comisión que apenas permitiría conocer el destino de cada una de las víctimas. Los organismos humanitarios desconfían de este instrumento. «La prueba de que no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión ni siquiera va a esclarecer la verdad», manifestó Elizabet Silveira, de la agrupación Tortura Nunca Más.

Neutralizar la amnistía

En Uruguay, por su parte, se sancionó hace unos días una ley que persigue neutralizar la amnistía que protege a los represores de ese país desde 1986. Dos plebiscitos se celebraron sin éxito para revertir esa norma que mantiene a los represores en la impunidad, con algunas excepciones decididas con discrecionalidad por el Ejecutivo.

La ley sancionada ahora declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. De lo contrario, mañana, 1 de noviembre, muchos de los crímenes de la dictadura uruguaya (1973-85) habrían perdido la opción de ser juzgados.

En Chile, donde Augusto Pinochet manejó el país a su antojo durante 17 años, el exdictador murió en 2006 sin recibir condena alguna. En el país hubo más de 3.000 asesinados y desaparecidos, y la amnistía dictada por Pinochet sigue vigente. Se han celebrado múltiples procesos y dictado condenas, y la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la amnistía, pero la arquitectura legal que permitió la impunidad, esas instituciones vergonzantes, todavía siguen en pie.