Carnicer pide para la Justicia el sitio que merece en los programas electorales

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, reclamó ayer a los partidos políticos que coloquen la reforma de la Justicia en el sitio que le corresponde en sus programas electorales: en el tercer lugar de sus prioridades, detrás de la Formación y la Sanidad.

Carnicer realizó esta petición poco antes de la clausura del X Congreso Nacional de la Abogacía que se celebra en Cádiz, en el que desde el pasado miércoles más de 1.200 abogados y unos 90 ponentes han analizado el presente y los retos de la profesión.

El presidente de la Abogacía no ha querido «por prudencia» hacer otras sugerencias a los partidos hasta conocer sus programas electorales, aunque sí explicó que se ha dirigido a todas las fuerzas políticas para reclamarles propuestas y compromisos para lograr una verdadera regeneración de la Justicia.

A modo de conclusión del Congreso, Carnicer destacó que ha quedado patente que España necesita una «reforma en profundidad» del modelo y que «hay una verdadera voluntad de cambio».

«Aprovechémosla», afirmó, recordando que hasta los cuatro exministros de Justicia que ayer participaron en los debates (Ángel Acebes, José María Michavila, Juan Fernando López Aguilar y Juan Alberto Belloch) coincidieron en la necesidad de reeditar un Pacto de Estado por la Justicia, que resista las alternancias en el Gobierno.

En este sentido, recalcó que la Administración de Justicia «no aguanta más parches» y que así se ha puesto de manifiesto en las distintas ponencias que han tenido lugar durante este Congreso, en las que además se ha resaltado la trascendencia que para la economía española tiene el buen funcionamiento de la Justicia.

Carnicer piensa que la Abogacía tiene mucho que aportar en esa reforma y que incluso debería estar entre los agentes que participan en la Conferencia Sectorial de Justicia entre el ministerio y las comunidades autónomas, aunque sólo sea para informar y aportar su visión.

«Yo quiero que nos sentemos en una mesa todos los que hacemos Justicia», indicó. También puso en valor el trabajo realizado por los abogados del Turno de Oficio y volvió a denunciar que se está incumpliendo la ley al no garantizar a estos letrados una retribución digna. «Nos duele que no se tenga en consideración la Justicia Gratuita», sentenció.

Sobre el reglamento de la futura Ley de Acceso a la Abogacía, que entra en vigor el próximo lunes, el presidente del CGAE avanzó que desde el primer momento se desarrollarán las «pruebas piloto» de los cursos que deben validar los Ministerios de Justicia y Educación, y reconoció que habrá que «improvisar, sí, pero con una gran experiencia».

Menacho y el sistema andaluz

El consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, fue uno de los ponentes del día de ayer. En su intervención defendió que la comunidad andaluza está «preparada y en condiciones» para afrontar la «necesaria» reforma de la justicia y así lograr un servicio público «de mayor calidad, más ágil, eficaz y eficiente y más cercano al ciudadano». Menacho defendió igualmente la asistencia jurídica gratuita, un servicio que en Andalucía ha visto incrementados los recursos que se destinan al mismo.

Estas son algunas de las ideas que desarrolló el consejero en Cádiz, en el transcurso del X Congreso Nacional de la Abogacía, donde intervino en la mesa redonda «Administración de Justicia: ¿un modelo agotado?», en la que también participaron Félix Azón, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, moderados por Jesús Pellón, decano del Colegio de Abogados de Cantabria.

El consejero apostó por una remodelación que introduzca cambios en el funcionamiento y organización de los juzgados y tribunales, «como se está haciendo en Andalucía». Se trata de adaptar las viejas estructuras a las nuevas demandas y necesidades mediante la puesta en marcha de mecanismos que contribuyan a la modernización del sistema, como la implantación de la nueva oficina judicial. En esta línea está trabajando el Gobierno andaluz a través de una normativa sobre el despliegue de la nueva oficina judicial. Menacho afirmó que las estructuras del sistema andaluz están en condiciones de afrontar los cambios previstos «gracias a los avances conseguidos».