Beneficencia o justicia social

La democracia puso fin a instituciones de la beneficencia pública o privada que, a su llegada, paliaban la exclusión y la desigualdad social: el padrón municipal de beneficencia, asilos, orfanatos, etc. Y en su lugar se creó un estado de bienestar -la Constitución utiliza el concepto de Estado social y democrático de Derecho- que supuestamente había de proteger a los ciudadanos del infortunio, de la adversidad.

El sistema de protección social ha prosperado grandemente con el nuevo régimen, aunque la crisis está desmantelado buena parte de él. En gran medida, el problema se ha suscitado por el elevado desempleo, mucho más prolongado que el alcance del seguro de paro: más de un millón de familias españolas tiene a todos sus miembros en paro. Lo que demuestra que la Seguridad Social no previó en época de vacas gordas la posibilidad de regresar a una caída tan espectacular de la actividad. Al drama del desempleo se ha superpuesto el de la gran profusión de hipotecas fallidas: más de 300.000 familias han perdido su vivienda desde que estalló la crisis y otras tantas están expuestas a la misma trágica adversidad.

La renta básica de inserción -entre 300 y 400 euros-, concedida por las comunidades autónomas, es de momento el último salvavidas público de muchos infortunados, pero también este recurso se agota por la dificultad de financiación de los entes regionales. Y cada vez son más y más complejos los requisitos que las autonomías exigen para conceder estas ayudas, que ofrecen escasa seguridad jurídica.

La consecuencia de todo ello es que cada vez se ven abocadas más personas hacia la beneficencia, hacia la caridad. Caritas, la ONG de la Iglesia católica, y otras muchas organizaciones filantrópicas religiosas o laicas están desbordadas, y las propias instituciones públicas optan por apoyar esta vía para socorrer más eficazmente a los necesitados. Pero hay que reconocer que este desbordamiento de la caridad privada revela un grave fracaso de los sistemas asistenciales públicos, de los planteamientos sociales de la democracia moderna. La renta per capita española es el 94% de la comunitaria pero el gasto social español es el 74% del europeo. En este déficit reside el desastre, en el que el cuerpo social ha de suplir espontáneamente al impotente Estado.