El Consistorio recurre ante el TSJA los servicios mínimos de autobuses durante la huelga

El rifirrafe mantenido entre Urbanos Amarillos y el Ayuntamiento de Jerez ha abandonado la tibieza que caracterizaba al conflicto cuando estaba al frente el anterior equipo de gobierno, para dar paso a una guerra sin cuartel en la que el ejecutivo está dispuesto a involucrarse sin reservas. Mientras continúa con la idea de sancionar a la empresa ante los incumplimientos del pliego de condiciones, el Consistorio anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Empleo durante la huelga indefinida.

A través de un comunicado, la alcaldesa, María José García-Pelayo, informó de la firma del decreto como paso previo para interponer el citado recurso contra la orden de la administración regional publicada en el BOJA, que fija en un vehículo por línea lo estipulado durante los paros, lo que equivale a 16 autobuses operativos. A juicio del gobierno municipal se trata de una cifra a todas luces insuficiente, y por ello han tomado esta decisión para «garantizar los intereses de los usuarios del transporte urbano y de los comerciantes del centro, evitando los amplios tiempos de espera detectados en las primeras jornadas de huelga».

El delegado de Movilidad, Javier Durá, por su parte, incidió en el informe que su equipo está redactando sobre los posibles incumplimientos del pliego, como el hecho de que la empresa esté obligada a traer 30 autobuses nuevos antes de final de año y de momento haya aportado solo seis, que además acaba de retirar coincidiendo con la protesta de los trabajadores. Durá también aludió a la falta de uniformes, de aire acondicionado y de mantenimiento de la flota, que hará que el Ayuntamiento imponga las sanciones que considere necesarias, que podrían alcanzar el millón de euros e incluso el rescate de la concesión.

Múltiples incumplimientos

«Nos encantaría decir que no hemos detectado incumplimientos, que el estado de la flota es óptimo y poder felicitar a Urbanos Amarillos por la prestación del servicio, pero la realidad es distinta». El punto de fricción fundamental entre la administración local y la compañía de transporte sigue siendo el económico, y éste parece tan enquistado que no se vislumbra una pronta solución del problema, al menos a corto plazo. Como recordó el delegado, los diez días de ultimátum a la empresa para que abone los tres millones de euros de canon por la concesión y la adquisición de vehículos se agotarán esta semana, tras lo cual no tendrán inconveniente en adoptar «las alternativas oportunas», una vez agotada incluso la vía administrativa.

Aquí radica el quid de la cuestión, puesto que mientras Durá subraya que esa cantidad se debería haber liquidado a la firma del contrato, realizada en mayo, desde Urbanos Amarillos se escudan en que es el Consistorio el que tiene que abonarles parte de lo que les debe como condición sine quanon para que ellos muevan ficha. Según la empresa, existe un contrato verbal por el que el gobierno anterior se comprometió a pagar 300.000 euros mensuales hasta alcanzar la cifra de 3,5 millones de euros, que es lo que se les adeuda a fecha de hoy. Sin embargo, en el pliego de condiciones de la concesión se fija que el abono ha de ser anual, por lo que teniendo en cuenta que el contrato se firmó en mayo el Consistorio considera que aún tiene mucho margen para pagar.

«Queremos dejar muy claro que el Ayuntamiento no está obligado a realizar un pago anual, es totalmente incierto que le debamos ese pago a la concesionaria». La dirección de la empresa tampoco se baja del burro y repitió ayer que es el Consistorio el que tiene que pagar primero, asegurando que durante los seis primeros meses de la concesión (de noviembre a mayo, mientras fue provisional) Urbanos Amarillos cumplió íntegramente con el convenio, por lo que tampoco oculta que a partir de mayo se comenzaron a producir las irregularidades que denuncia la otra parte.

De esta forma, la resolución del conflicto se antoja más que complicada mientras a los trabajadores se les adeudan ya entre 10.000 y 12.000 euros y los viajeros han visto reducido drásticamente un servicio que, ya de por sí mejorable, ahora está provocando esperas de hasta dos horas para poder realizar un desplazamiento.