Zaragoza Urbana se decide y denuncia ante la Policía la ocupación de Valcárcel

Un mes y cuatro días es el tiempo que ha durado la ocupación de Valcárcel sin que los propietarios del edificio o las administraciones competentes decidieran intervenir, dejando que ese símbolo del movimiento del 15M en la capital gaditana perdurara sin amenaza alguna. Pero ese tiempo de gracia concluyó el pasado viernes, cuando la compañía dueña del antiguo colegio que mira a La Caleta presentó finalmente ante el Cuerpo Nacional de Policía una denuncia contra la ocupación que han realizado activistas del citado movimiento, según confirmaron a este medio fuentes policiales. De esa manera, la firma Zaragozana Urbana despeja las dudas que durante más de 30 días había tenido acerca de qué decisión adoptar, teniendo en cuenta además que el proyecto hotelero que se había reservado para ese espacio está descartado y tampoco hay ofertas encima de la mesa para hacerse con un inmueble y una parcela situadas en uno de los barrios con más solera y significado popular del casco antiguo gaditano.

A partir de ahora se abre una nueva etapa con la denuncia ya planteada por la compañía en la que se mira directamente a las personas que decidieron tomar el pasado 18 junio el edificio de Valcárcel, acondicionarlo y reabrirlo bajo el nombre de 'Casa del Pueblo'; algo que sucedió a los pocos días de que decenas de personas entraran sin llamar en el inmueble.

Quizás la baza que han tenido a su favor hasta ahora es la corriente de simpatía que ha generado el movimiento del 15M y el mensaje que trasladaron a la ciudadanía de que con ese gesto pretendían devolver al pueblo un espacio infrautilizado, en donde el deterioro ha ido ganando metros cuadrados por culpa de la falta de proyectos que le devolvieran la vida a la antigua escuela. La última esperanza estuvo en la construcción del que estaba llamado a ser el primer hotel de cinco estrellas de la capital, pero que fue abandonado por la empresa propietaria del inmueble debido a la actual coyuntura económica, según explicaron en su día.

Zaragoza Urbana alega en su denuncia por un delito de usurpación de un bien inmueble que el edificio no se encuentra en buen estado y podría existir peligro para las personas que han accedido a él. Es decir, en la propia denuncia no se ataca directamente a los activistas, sino que la empresa justifica la medida acordada con el objetivo de evitar que pueda suceder un accidente.

Al cierre de esta edición aún no se había acordado el desalojo de las instalaciones, una medida que puede producirse en los próximos días y que podría tener como primera consecuencia la reactivación del movimiento de 'los indignados', que conforme han ido pasando las semanas han dejado de acaparar titulares e imágenes de portada, sobre todo desde que decidieron desmontar el campamento de la plaza del Palillero.

Desalojo

Ahora bien, fuentes judiciales explicaron a LA VOZ que esa medida debe ser solicitada por el titular del inmueble ocupado. Ningún juez, ni por tanto la Fiscalía o la propia Policía, van a actuar de oficio en este sentido si la parte perjudicada no lo pide. Por tanto, esta semana podría ser citada la representación legal de Zaragoza Urbana, después de que el asunto recaiga en un juzgado de Instrucción de la capital, para que aclare algunos aspectos de su denuncia, como el posible requerimiento para que la Policía entre en el inmueble a desalojar a los activistas.

Las mismas fuentes señalaron además que hay que dilucidar con nitidez absoluta de quién es la titularidad real del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), ya que la promotora zaragozana acordó la compra del inmueble al anterior propietario, la Diputación Provincial, pero dicho acuerdo estaba en vía de anularse con la consiguiente devolución del edificio a la institución provincial después de que la compañía desistiera de llevar a cabo el proyecto hotelero.

De confirmarse la intervención policial, una de las primeras indagaciones sería identificar a las personas que accedieron al edificio y materializaron la ocupación el pasado mes de junio. Este periódico pudo saber que la Policía ya tiene gran parte de ese trabajo realizado, al dedicarse durante los días siguientes de la acción a verificar qué personas trabajaban dentro en el acondicionamiento de las instalaciones. Unas indagaciones de las que sospechaban los propios activistas, que pusieron dificultades a los medios interesados en fotografiarlos durante los primeros días en el interior de Valcárcel. Algunos llegaron a afirmar abiertamente que temían que pudieran infiltrarse agentes de paisano para identificar a las personas que participaban en la ocupación.

A priori, las consecuencias legales a las que se enfrentarían los activistas no son muy severas, siempre y cuando no se opongan con violencia al desalojo, lo que podría conllevar la comisión de otros delitos como la desobediencia o atentado a la agente de la autoridad. El delito de usurpación está castigado con penas de multas.