Navegando entre escollos

Una mañana de finales de junio despertamos con la noticia de que el Gobierno había logrado en sede parlamentaria, gracias al apoyo de PNV y CiU, la aprobación del Real Decreto-Ley sobre negociación colectiva. Pudimos oír cómo algunos miembros de la Cámara se congratulaban de ello, el sr. Bono por la contribución del PNV a la gobernabilidad, y el sr. Erkoreka, en tono que parecía jocoso, por las prebendas conseguidas a cambio de una simple abstención. Ante la satisfacción de los beneficiarios, era de temer que el Estado experimentase un nuevo y sustancioso recorte.

Hemos asistido tantas veces al mismo espectáculo que al ciudadano puede pasarle casi desapercibido. Cosas del Estado de las Autonomías pero -puede pensarse- al fin y al cabo el barco del Estado sigue a flote. Ahora bien, como el combustible que impulsa su máquina -las competencias y recursos públicos- no es inagotable, cabe suponer que, para seguir navegando, hace tiempo que viene quemando la madera de su propia obra muerta y, tal vez, pronto se hunda.

El sr. Rajoy, en espera de ser nombrado capitán, manifestaba aquella misma mañana de jueves su preocupación por la gobernabilidad futura de la nave, y no le faltan motivos porque, de persistir la tendencia a lo largo de las muchas millas que aún quedan por la proa, puede que lo primero que tenga que hacer sea enfrentarse a un alocado abandono de buque. Es decir, y terminando ya con el símil náutico, a la quiebra moral de la nación española; no hablo ya de la económica, seamos patriotas como el Sr. Rodríguez Zapatero.

Hay muchos y diversos motivos, sean políticos o técnicos, que pueden aducirse como causantes de la deriva del Estado de las Autonomías: reconocimiento de derechos históricos, distribución defectuosa de competencias, sobrerrepresentación parlamentaria de las minorías nacionalistas, 'efecto colateral' de la ley d'Hont.Todos ellos son factores de este desbarajuste qué habría que remediar antes de que sea tarde, si es que ya no lo es. Sospechamos, sin embargo, que hay causas más profundas para explicar que, con tal indiferencia colectiva, se esté desmantelando un Estado que es de todos.

España es una de las grandes naciones de Occidente, en el sentido histórico-cultural del término. La negación por los nacionalistas de esta realidad, refrendada por la impronta dejada en el mundo por la nación española, es fruto de ese particularismo regional, ideológico y social que, en casi doscientos años de constitucionalismo, cuya efemérides pronto conmemoraremos, se ha venido oponiendo al concepto de nación en el sentido jurídico-liberal, propio de la contemporaneidad.

La nación española no excluye a nadie de su legado común, histórico, cultural, territorial, pero también moral y jurídico, que se expresa en la libertad y la igualdad de todos ante la ley. No puede pretenderse ser 'moderno' si, alegando míticos antecedentes o una lengua nunca incompatible con el idioma común, se rechazan estos valores, garantizados por la nación al proclamar su soberanía en 1812; unos valores, en fin, reiteradamente proclamados en la Historia hasta llegar a la Constitución de 1978, que los españoles respaldaron con su voto en el último Referéndum Constitucional.

El desguace galopante del Estado nacional, treinta años después, con la proliferación de 'nuevos' Estatutos de Autonomía en cuyas pretensiones nadie quiere quedarse atrás, la 'luminosa' idea de burlar el Artículo 2º de la Constitución, aludiendo a España como 'nación de naciones', como si eso no fuese contradictorio o no supiéramos leer, socavan la conciencia nacional en un momento en que es tan necesario concitar el esfuerzo solidario de los ciudadanos.

Hace pocos días, saltaba a los medios la noticia de que San Sebastián sería capital europea de la cultura y se alzaban voces -escandalizadas por la presencia de Bildu en las instituciones- que percibían aquella decisión como una nueva concesión a la coalición separatista. Otros, por su parte, donostiarras y tan españoles como los primeros, se indignaban ante esas opiniones, que percibían como el rechazo de su tierra en nombre de la patria de todos. Un episodio más del drama que vivimos.

Nadie puede ser obligado a ser español, es evidente. Pero también es cierto que nadie puede ser obligado a dejar de serlo o, como alternativa, a aceptar convertirse en extranjero en su propia tierra. Y eso es lo que sucedería si alguna opción separatista triunfase en esas consultas populares que, disfrazadas de irregulares referendas, algunos parecen atisbar como salida; si algún día, en fin, la ilegalidad, la coacción y el desaliento ganasen la partida.

No hay alternativa al cumplimiento de la ley, expresión de la democracia misma, para que España navegue con seguridad entre los escollos que afloran sobre las aguas peligrosas del tiempo que nos ha tocado vivir. En palabras de Shanti Andía, el Capitán vascongado de Baroja, en la mar, como en la vida, hay dos caminos, el recto y el torcido. Elijamos el primero, sin dejarnos seducir por cantos de sirena.