Los controladores dejaron las torres por el estrés causado por el Gobierno

Los controladores que el pasado puente de la Constitución colapsaron durante dos días el espacio aéreo español y dejaron atrapados en los aeropuertos a unos 600.000 viajeros declararon ayer ante una juez de Madrid que el 3 de diciembre de 2010 dejaron sus puestos en las torres de control estresados por las duras condiciones laborales impuestas en los decretos de horarios aprobados por el Gobierno.

Los dos primeros imputados que declararon fijaron así la que parece que será su línea de defensa. El abandono de las torres fue una suma de bajas médicas individuales provocadas por el estrés y en ningún caso se trató de un movimiento organizado ni de una huelga salvaje encubierta. Así lo explicaron los técnicos ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero

La juez interrogó a dos de los 16 controladores de esta comunidad imputados por delitos de sedición y abandono del puesto de trabajo por marcharse de forma masiva de las torres de control y causar la suspensión de los vuelos. La titular del juzgado había citado a cuatro controladores, pero los otros dos no acudieron al juzgado por estar de baja.

Causas penales similares se siguen en otras comunidades como Cataluña, Baleares o Canarias contra otras decenas de controladores, que se enfrentan a la reclamación de indemnizaciones millonarias y a penas de cárcel de hasta ocho años. El caos aéreo desatado por la ausencia de controladores en las torres hizo que el Gobierno decretase el cierre del espacio aéreo y declarase por primera vez en la historia española el estado de alarma para poder militarizar a los técnicos y obligarles a volver a sus puestos de trabajo.

La juez seguirá hoy con el interrogatorio a Camilo Cela, presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, la organización que agrupa al 90% de estos profesionales y a la que los atestados policiales y el Ministerio de Fomento responsabilizaban de organizar y coordinar la posible huelga salvaje.

«No creo en casualidades»

Unos 10.000 afectados por el colapso en los aeropuertos, agrupados como acusación particular, reclaman a los imputados una indemnización de unos 10.000 euros para cada viajero por daños morales, además de la cantidad que determinen los tribunales en cada caso por los daños materiales. El portavoz de los afectados, Luis Vericat, aseguró en la puerta de los juzgados que no creen en «las casualidades» y que es imposible que cientos de controladores se pusiesen enfermos el mismo día y al mismo tiempo, por lo que exigirán responsabilidades por sus actos, ya que lo ocurrido «no les va a salir gratis». Están convencidos de que fue un plante premeditado y en el que para lograr sus intereses no les importó pisotear los derechos de decenas de miles de viajeros.

El mismo portavoz señaló que el colectivo de controladores no es al único al que le van a pedir responsabilidades por las horas dramáticas vividas entre el 3 y el 4 de diciembre pasado en los aeropuertos. Comentó que van a presentar una demanda contra AENA, el ente público que gestiona los aeródromos, en la que le van a exigir el pago de más de diez millones de euros por daños y perjuicios a sus asociados.

Vericat señaló que AENA también tiene una importante responsabilidad en el caos vivido durante el puente de la Constitución porque no supo gestionar un conflicto laboral que arrastraba desde hacía meses con los controladores y fue incapaz de prevenir los efectos de una huelga salvaje que se esperaba desde días antes.