«Lucharemos hasta el final por mi hija, ella no podrá»

Antonia Mesa es médica, e intuyó que se estaba cometiendo un error con ella en la misma sala del paritorio, donde iba a dar a luz. Se lo advirtió a una residente, pero ésta se limitó a decir que aquellos síntomas de que algo iba mal «no le preocupaban», y decidió que el parto continuara normalmente. Antonia no podía imaginar que las consecuencias serían tan dramáticas hasta que vio que su hija, la primera que tenía, nacía amoratada y con el cordón umbilical alrededor del cuello. El bebé sufrió una hipoxia (falta de oxígeno) que le causó daños cerebrales que la han dejado postrada de por vida. Si le hubieran practicado una cesárea o al menos hubiesen realizado una monitorización continua del feto, quizá se podría haber evitado. Como informó ayer LA VOZ, una jueza de Sevilla ha condenado ahora al SAS a pagarle a Antonia y a su marido, Juan Ramón Crespillo, 335.000 euros como indemnización por este error médico, por el que han peleado durante cuatro años en los tribunales, a pesar de que un informe pericial de la Junta reconoció la negligencia en 2007.

La pequeña cuenta ahora con cinco años, pero no tiene nada que ver con una niña de su edad: sentada en una sillita, apenas puede levantar la cabeza, no articula palabra y no puede moverse. Sus padres le tienen que ayudar a comer, a beber y le dan masajes para que haga sus necesidades. De hecho, ni siquiera puede tragar líquidos y hay que darle el agua gelificada. Sus padres han tenido que comprar alimentos especiales, un vehículo adaptado y hasta cambiar sus hábitos de trabajo, pues deben atender a la pequeña todo el tiempo. La parálisis cerebral que padece no tiene cura, pero sí se puede mejorar ligeramente si sigue unos tratamientos en clínicas muy especializadas de Cataluña y Galicia. Sin embargo, la indemnización no les alcanza y la ayuda por dependencia (unos 520 euros mensuales) no les llega «ni para la fisioterapia que recibe», lamentaban ayer los padres en una rueda de prensa en el despacho de la Asociación del Defensor del Paciente en Cádiz. Acudieron con su hija y autorizaron que apareciera en los medios, para dar a conocer qué es lo que ocurrió con ellos. El abogado de la pareja, José Luis Ortiz Miranda, se mostraba ayer «satisfecho» porque la jueza les haya dado la razón, aunque también está «decepcionado» por la «cicatera» indemnización, «la más baja que se ha dado en este tipo de casos». Por eso la recurrirán, aunque eso suponga un año más en los tribunales.

«Lucharemos hasta el final, porque ella no podrá. Mi hija debería estar en la playa con sus hermanos, si alguien me da eso, olvidamos el dinero», afirmaba ayer la madre, claramente indignada con el calvario que le ha hecho pasar el sistema médico en el que ella misma trabaja: «Yo he sabido siempre que hubo negligencia, pero reconforta que lo diga un juez; no entiendo que un inspector del SAS lo admita y luego el sistema pague a otro perito para que diga lo contrario».