Condenan al SAS por una negligencia en el parto de una niña en el Puerta del Mar

El juez número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud a pagar 335.000 euros a una pareja de Cádiz, por una supuesta negligencia médica que se cometió durante el nacimiento de su hija en febrero de 2006 (el Día de Andalucía), en el hospital Puerta del Mar.

La pequeña nació por vía vaginal en un parto inducido que duró horas, a pesar de que durante el parto se detectaron indicios de pérdida de «bienestar fetal», que aconsejaban seguir una monitorización más concienzuda o practicar una cesárea, para hacer el nacimiento menos traumático para el bebé. Como consecuencia, la niña -que ahora cuenta con cinco años- sufrió una hipoxia cerebral (una carencia de oxígeno), que le causó una parálisis con tetraparesia severa (parálisis o pérdida de fuerza en parte del cuerpo) y epilepsia generalizada, según recuerda el juez.

El SAS y la aseguradora Zurich, que deberá sufragar la indemnización, alegaron ante el tribunal que la actuación de los facultativos «fue correcta y acorde al protocolo», y que la enfermedad de la pequeña no era consecuencia de una posible hipoxia, sino que podría deberse a «errores metabólicos o malformaciones cerebrales» anteriores al parto, como recoge un informe pericial encargado por Zurich. En cambio, otros informes encargados por los padres de la niña y que han sido más valorados por el juez, indican todo lo contrario.

Es más, hubo una inspección del Servicio de Responsabilidad Patrimonial del SAS de febrero de 2007, en la que se reconoce que se «expuso al feto a una situación de mayor riesgo durante tres horas más, al no haberse valorado adecuadamente las anomalías registradas» durante el parto, y que los daños cerebrales pudieron «evitarse si se hubiese valorado correctamente» esos datos.

A pesar de este informe del SAS, el expediente administrativo para indemnizar a los padres acabó «metido en un cajón», según denunciaba ayer el abogado de la pareja y representante del Defensor del Paciente en Cádiz, José Luis Ortiz Miranda, que sospecha que se trate de una maniobra intencionada de la Administración para que la cantidad a pagar fuere menor: «Probablemente pensaban que la niña iba a fallecer y así el costo de la indemnización sería mucho más bajo», explicaba la organización del Defensor del Paciente ayer en una nota de prensa.

Los daños le han dejado a la pequeña secuelas cerebrales graves que la harán ser dependiente de por vida, como recordaba ayer Ortiz Miranda: «Tendrán que cuidar el resto de su vida a la pequeña, amén de que ambos han tenido que cambiar de puesto de trabajo y adecuar la vivienda, así como contratar tratamientos adicionales de fisioterapia y alimentación especial». El letrado daba ayer a conocer la sentencia condenatoria, pero lamentaba que el juez no haya tenido en cuenta el daño moral de los padres y el cambio que supondrá el cuidado de la pequeña en sus vidas, a la hora de fijar la indemnización. Según Ortiz, los 335.000 euros es «la mitad» de lo que habitualmente se impone por estos casos, y está muy por debajo de lo que la pareja reclamaba: más de un millón de euros.