Austeridad más reformas

Las manifestaciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, señalando que de no mediar el plan de austeridad aprobado por el Gobierno en mayo de 2010 España se hubiera visto obligada a recurrir al rescate por parte de sus socios europeos después de Grecia, permiten ilustrar la gravedad de aquel momento y explican la persistencia de las dudas sobre nuestra economía y de la presión de los mercados sobre nuestra deuda. Ordóñez calificó ayer de «injustificadamente elevada» la prima de riesgo que se le exige a España, mientras fluctúa respecto a la alemana a la par que lo hacen la que soportan también otros países como Italia. Pero ese exceso especulativo seguirá cebándose en nuestra economía mientras la recuperación no se abra paso, el desempleo continúe en las tasas actuales y el déficit de las administraciones amenace con no atenerse a los compromisos de contención adquiridos. Es más, cada repunte en la prima de riesgo consumirá buena parte de las mejoras que en las finanzas públicas se obtengan por la vía del ajuste generalizado. El FMI volvió a pronunciarse ayer sobre España, valorando el esfuerzo que está haciendo para modernizar su estructura económica pero insistiendo en que lo realizado hasta ahora es insuficiente. Sus indicaciones de que se profundice en la reforma del mercado de trabajo para reducir los costes del despido, flexibilizar más la negociación colectiva y ceñir los salarios a variables distintas a la evolución del IPC coinciden con las recomendaciones que una y otra vez ha formulado el Banco de España, y con la sensación generalizada de que las medidas reformadoras que se van adoptando no logran contrarrestar el retraimiento que arrastra nuestra economía en cuanto a las decisiones empresariales. Que la consolidación fiscal sea asumida activamente por las comunidades constituye un argumento recurrente tanto para el Banco de España como para el FMI. Pero junto a la urgencia que España tiene de salir del viciado círculo descrito la responsabilidad de las instituciones debe atender a la necesidad, señalada también por el FMI, de que nuestro país mantenga las medidas de austeridad más allá del final de la crisis.