ESPAÑA

Querella contra el Constitucional por el fallo de Bildu

Manos Limpias y otros colectivos denuncian por prevaricación a los magistrados que dieron luz verde a la coalición

MADRID. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El pseudo sindicato Manos Limpias, el colectivo de víctimas Voces contra el Terrorismo y las asociaciones Libertad e Identidad, Hazte Oír y Fundación Danaes anunciaron ayer que hoy presentarán una querella criminal por un presunto delito de prevaricación contra los seis magistrados del Constitucional que votaron a favor de levantar el veto del Tribunal Supremo a la coalición 'abertzale' Bildu. Según informó Manos Limpias, la querella se interpondrá «mediante acción popular» y está respaldada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia, si bien todavía estos colectivos no se han incorporado a la demanda.

El Constitucional dio luz verde a la participación de la coalición de Eusko Alkartasuna, Alternatiba e independientes el 6 de mayo con los apoyos del presidente de la corte, Pascual Sala, y los magistrados designados por el PSOE Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa. Todos ellos llegaron a abroncar al alto tribunal por cerrar el paso a Bildu basándose en «simples sospechas» que, en modo alguno, son «argumentos jurídicamente aceptables», sobre todo cuando lo que está en juego son derechos fundamentales como la «participación política».

El pasado viernes, el Tribunal Supremo archivó una denuncia presentada contra estos jueces por Manos Limpias, al entender que debía tratarse de una querella, la única fórmula jurídica para poder investigar a los magistrados. El sindicato, en su querella, asegura que los seis magistrados progresistas pudieron violar los principios de «imparcialidad y dignidad» por haber dictado un fallo «arbitrario» a sabiendas de que lo era.

En particular, la queja de Manos Limpias incide, como también hicieron los magistrados discrepantes, en que el Constitucional invadió las competencias del Tribunal Supremo, pues volvió a valorar las pruebas que había estudiado el alto tribunal, convirtiéndose así en «un tribunal de apelación y revisión», lo cual está vetado para la corte.