Adelanto electoral

Las elecciones locales y autonómicas del pasado domingo quebraron de tal forma el equilibrio de poder que hasta la fecha venían manteniendo el PSOE y el PP a favor de este último que no cabe imaginar otro horizonte que el de un país gobernado en su conjunto por la formación liderada por Mariano Rajoy, desde una posición hegemónica sin precedentes tras el restablecimiento de la democracia. La debacle socialista del 22 de mayo fue de tal magnitud que su paso a la oposición en casi todas las instituciones relevantes del país obliga al PSOE poco menos que a su refundación. El presidente Rodríguez Zapatero no puede reducir el escrutinio del domingo a un mero disgusto que su partido deba superar mediante la designación por elecciones primarias de una persona que se enfrente a Rajoy en las generales. Ni puede enrocarse en sus tardías convicciones reformadoras para empeñar el año que resta de legislatura en el impulso de políticas que ya no está en condiciones de liderar. La perspectiva de que la inmensa mayoría de las instituciones nacionales, autonómicas y locales españolas acabe siendo gobernada por un mismo partido, el PP, y en muchos casos con mayoría absoluta resultará descorazonadora para quienes albergan una concepción más equilibrada de la democracia representativa. La eventualidad de que el bipartidismo contestado por el Movimiento 15M se vea superado no por un panorama plural sino por el dominio unipartidista de los populares constituye una elocuente paradoja que reflejaría los defectos del socialismo mucho más que las virtudes del PP. Pero tras el 22 de mayo, Zapatero no puede manejar el 'tempo' político con el ensimismamiento del que ha hecho gala hasta la fecha para gestionar la agenda del país. La demanda de adelanto electoral formulada ayer por Mariano Rajoy de manera expresa podrá responder a su interés partidario; pero no es menos partidaria la cerrazón con la que el presidente Rodríguez Zapatero se encela en su propósito de agotar un mandato en cuya continuidad no cree casi nadie. En medio de las incertidumbres económicas y de las tensiones generadas por los mercados, lo último que necesita España es un año de provisionalidad política.