Los acreedores de Garvey en la provincia se preparan ya para notificar las deudas

La notificación por parte de la jueza de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, de que aceptaba declarar el concurso de acreedores en las bodegas y la distribuidora de bebidas de Nueva Rumasa en el Marco de Jerez ha sido bien recibida por las empresas y particulares a las que las empresas de los Ruiz-Mateos deben dinero. Y es que es ya cuestión de días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la declaración del concurso y se ponga en marcha el proceso para que los afectados puedan cobrar.

Según los autos dados a conocer el miércoles para declarar los concursos de Zoilo Ruiz-Mateos, Unión de Grandes Bodegas, Bodegas Valdivia de Cádiz, Bodegas Teresa Rivero y Complejo Bodeguero Bellavista, estas empresas suman un pasivo de 231 millones de euros, y entre sus principales acreedores figuran Hacienda y Banco Santander. No en vano, hay que recordar que sobre sus activos pesa una orden de embargo de Hacienda de alrededor de 18 millones.

Pero entre los acreedores de Nueva Rumasa en el negocio de las bebidas hay que destacar sobre todo a los socios de la cooperativa Virgen de La Caridad de Sanlúcar, que en 2009 vendieron a la familia Ruiz-Mateos Bodegas Caydsa (renombrada como Teresa Rivero, hoy también en concurso) por 12 millones de euros. Hasta el momento, los vendedores han recibido apenas 600.000 euros de esta operación, que recogía fraccionar el pago «en diez años y sin intereses».

La declaración del concurso es una mínima parcela de esperanza para estos viticultores que ya están realizando los trámites necesarios para comunicar a los administradores concursales su situación, pero que de aquí a su próxima asamblea a mediados de mayo tendrán que buscar otras soluciones a su falta de liquidez. «El concurso es una buena noticia, y la estábamos esperando, pero hay que buscar dinero como sea porque los bancos no nos dan más tregua», han apuntado desde la cooperativa a este medio.

También se pondrán a la cola, además de los grandes afectados, el colectivo de prejubilados de las bodegas de Nueva Rumasa que estos días han protagonizado protestas por los impagos que están sufriendo debido a que ni la empresa ni la Junta de Andalucía están abonando las cantidades pactadas durante los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Según el secretario de la Federación Agroalimentaria de CC OO en Cádiz, Luis Páez, estos extrabajadoers tendrán que pedir que se reconozca su deuda como el resto de afectados, y en su caso la cifra global de lo que se adeuda al colectivo puede rondar los 400.000 euros.

Distinta es la situación de los empleados de las bodegas objeto de concurso, ya que si la deuda con ellos no es superior a un mes de salario «no tendrán que notificarla de forma individual, sino que se les pagará dentro del proceso normal de reordenación de la situación de la empresa con la llegada de los administradores», aclaró Páez.

En este punto, y conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal, los acreedores tendrán el plazo de un mes -a contar desde la publicación en el BOE- para comunicar a cada administración concursal la existencia de sus créditos. En el caso de los procedimientos abreviados, que son los de las empresas Teresa Rivero y Bodegas Valdivia, el plazo para contactar con los acreedores es de 15 días desde su publicación en el BOE.

Los acreedores deben mandar los escritos firmados por ellos, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente, y en el documento deben dar detalles del crédito como concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, y otras características como los bienes a los que afecte.

Por su parte, la administración concursal realizará «sin demora» una comunicación individualizada a cada acreedor. En esa notificación deberán designar uno o dos domicilios postales y, en su caso, dirección electrónica en la que los afectados podrán comunicar sus deudas sin necesidad de su previa presentación ante el juzgado.