De la tutela a la exclusión social

En abril de 2010 la Red de Integración Social (RIS) aprobó el documento 'Análisis y propuestas sobre la situación de los jóvenes ex tutelados inmigrantes en Jerez', en el que se mostraba la preocupación por los jóvenes que al cumplir la mayoría de edad quedaban en situación de desamparo. Una realidad que fue presentada por la Asociación Hogar La Salle Jerez a finales del año pasado en un informe en el que se exponía cómo extranjeros sin techo vivían en la calle y sin recursos tras haber estado tutelados por la administración.

Los centros de menores acogen a alrededor de 5.000 a 6.000 pequeños, «una cifra que es difícil de saber exactamente debido a lo mucho que se mueven», aseguró Michel Bustillo, presidente de Hogar la Salle». Pero el verdadero problema es que «estos chicos saldrán dentro de nada del centro sin haber conseguido una estabilidad o haber comenzado un proyecto de emancipación real, lo que supone que vivirán sin un techo, con miedo y sintiéndose inseguros».

Y es que «sin una vivienda se hace muy difícil una integración real», ya que algunos de estos jóvenes, que han conseguido incorporarse a cursos de formación y programas de integración social, no han podido continuar su proyecto de vida porque no cuentan con una vivienda en la que poder cubrir sus necesidades básicas.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, aprovechó ayer su visita a Jerez para contextualizar el problema que actualmente viven estos jóvenes en la sociedad y las dificultades a las que se enfrentan día a día. Además, hizo especial hincapié en que la responsabilidad de la administración no puede interrumpirse bruscamente, dejando a estos jóvenes desamparados y sin haber comenzado un proyecto de emancipación real.

Otro problema es que «muchos tienen la autoestima baja y carecen de dominio de las relaciones sociales, algo que también puede complicar su futuro», apuntó.

Con el fin de mejorar esta situación, la RIS pretende llevar a cabo un nuevo trabajo de estrategias de comunicación y coordinación con el Servicio Protección de Menores de la Junta de Andalucía, y los centros dependientes de la misma, así como consolidad y fortalecer las relaciones con las distintas administraciones. También creará grupos de trabajo para poder compartir las novedades y hacer un seguimiento específico de la problemática, mantener la figura del mediador «para que el proyecto pueda seguir adelante» y encontrar un apoyo económico de la administración.

Se trata de un proyecto que pretende devolver la esperanza a los que ahora mismo se encuentran en una situación crítica, desamparados y sin recursos.