La privatización de empresas públicas no entra en los planes de la Junta

«Niego la mayor». Con estas palabras el consejero de Economía e Innovación, Antonio Ávila, rechazaba en comisión parlamentaria que la Junta de Andalucía esté planeando privatizar empresas públicas, proceso «que ni se ha iniciado, ni está en la agenda de este Gobierno». Su comparecencia había suscitado cierta expectación. Un día después de que el presidente Zapatero anunciara privatizaciones de empresas estatales y horas después de que el mismo Griñán aplaudiera tales medidas en un desayuno informativo en Madrid, había bastante curiosidad por saber la respuesta del consejero en una intervención para hablar sobre privatizaciones del sector público andaluz a petición del PP e IU. Ávila lanzó pronto el jarro de agua fría a la oposición al advertir de que su comparecencia iba a ser «una de las más cortas de la vida parlamentaria andaluza, en buena medida, porque este consejero niega la mayor».

No fue tan corta como pronosticó. En parte por su larga explicación sobre lo que dijo que no se podía explicar, «porque no existe». Se refería a una privatización tal cual se entiende, la venta de una sociedad pública, aunque la teoría del PP es otra. Salvador Fuentes señaló que la Junta está enajenando acciones de empresas en las que participa de forma mayoritaria o minoritaria sin dar explicaciones públicas y «de espaldas al Parlamento». Fuentes se refiere al informe de la Cámara de Cuentas sobre las empresas públicas en 2008, en el que se reseñaba las altas y bajas en la participación de la Junta en sociedades. Para el PP esto es privatizar, para el Gobierno andaluz es mezclar cosas que nada tienen que ver.

Ávila explicó que la entrada y salida de capital público en empresas de sectores estratégicos para fomentar estos o para salvar algunas empresas en apuros no puede considerarse privatización, porque son compañías privadas. «Al participar en una empresa, no la nacionalizamos o regionalizamos. Y si salimos de ella, de ninguna manera la estamos privatizando, sencillamente porque nunca puede ser pública la provisión de un servicio que no lo es».

El consejero se refería a la actuación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que, bien directamente o a través de dos sociedades instrumentales, Soprea e Incuba, participa en 29 empresas o centros empresariales. Entre ellas, 14 son de los sectores industrial y servicios; 9 de infraestructuras de parques tecnológicos, entre ellos el PTA de Málaga; tres son de capital riesgo y otras tres de centros de empresas.

Ávila defendió la claridad de su consejería y la agencia IDEA en las políticas de ayudas a empresas. El diputado de IU, Pedro Vaquero, se mostró satisfecho con la explicación por aclarar que no hay privatizaciones.

Ávila y Fuentes, sin embargo, se enfrentaron en un diálogo de 'a ver quien privatiza más'. Fuentes sacó las privatizaciones de Felipe González y Ávila las 45 de Aznar, «algunas incluso investigadas por irregularidades», dijo el consejero mostrando fotocopia de un periódico de la época.