Atajar el maltrato

El Día Internacional contra la Violencia de Género dio lugar ayer a múltiples expresiones de solidaridad con las víctimas, que reflejaron el sentir de la sociedad frente a la crueldad doméstica. Pero la jornada también atestiguó que tanto las instituciones como los expertos y la opinión pública se muestran desconcertados ante la perpetuación del drama a pesar de los preceptos legales y de los medios empleados para atajarlo. En lo que llevamos de 2010 han sido ya 64 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Todo indica que las medidas penales establecidas no son capaces de disuadir a los agresores, cuya singular patología social tiende a mostrarse refractaria al propio cálculo de las consecuencias que les acarrea su violencia. Sin duda se trata de un problema que precisa de respuestas diversas, urgentes e intensivas. Empezando por la transmisión de valores activos contra la violencia de género hacia los más jóvenes, frente a la alarmante proliferación de comportamientos posesivos y violentos de los chicos hacia las chicas. Para lo que resulta imprescindible el compromiso de las familias y de los centros educativos. Es necesaria la detección precoz del maltrato en la atención primaria sanitaria, que el ministerio quiere impulsar mediante el correspondiente protocolo. Y resulta obligado generalizar las medidas de protección e inserción para procurar un entorno social y laboral que devuelva la dignidad y la autoestima a las víctimas. Pero todas las miradas se dirigen hacia el ámbito penal y judicial demandando resultados que ni la ley ni los tribunales pueden ofrecer fácilmente. El anuncio de la ministra Pajín de que propondrá en el Consejo de Ministros de hoy una modificación legal para inhabilitar a los maltratadotes con sentencia firme respecto a la custodia sobre sus hijos constituye una iniciativa jurídicamente precipitada y seguramente innecesaria, dado que aplicando la vigente legislación los jueces ya están retirando la guardia y custodia, el régimen de visitas y la patria potestad cuando lo consideran necesario en interés de los menores. El verdadero problema que las instituciones y la administración de justicia deben atajar es el del incremento -un 46,4% en 2010- de las mujeres que acaban renunciando a seguir adelante con su denuncia.

En el ámbito extenso de los 500 millones de hispanohablantes hay innumerables acentos, localismos y particularidades; sin embargo, no existe un riesgo real de fractura porque lo que unifica verdaderamente el idioma es la ortografía: todos escribimos la lengua de igual modo. La Academia, que tiene otorgada una vaporosa misión oficial de custodia, pulimento y hermenéutica de la lengua, debería adoptar una posición lo más neutral posible. Es decir, en lugar de proponer reformas ortográficas arbitrarias -como la desaparición de la 'i griega'- tendría que limitarse a dar fe cuasi notarial de la costumbre para proclamarla y extenderla de forma que no peligre la unidad panhispánica. El director de la Academia, Víctor García de la Concha, parece haberse arrepentido de haber sembrado la polémica, y todo indica que en la reunión de las Academias del domingo en Guadalajara -México- se mitigarán los cambios anunciados y se optará por la prudencia. Una prudencia que nunca estará de más si se coincide en que lo importante es preservar la fuerza y la vitalidad de nuestra hermosa lengua.