Aguayo está dispuesta a volver a «mejorar» el decreto de las empresas

La protesta del pasado sábado de los funcionarios andaluces no ha caído en saco roto. El Gobierno andaluz ha convocado para hoy la mesa general de la función pública para analizar con los sindicatos el decreto de reordenación de las empresas públicas con la voluntad de volver a modificar el decreto. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, avanzó ayer que acude a esta reunión con la «mentalidad abierta de negociar». Aguayo dijo que la Junta está dispuesta a «mejorar» el decreto, ahora bien, sólo la parte que afecta al personal, pero no la que reordena el sector público con la reducción de 111 empresas.

La titular de Hacienda y Administración Pública dejó muy claro que no dará marcha atrás respecto a este aspecto y defendió el derecho de su gobierno o de otro de cualquier signo político del futuro a definir la estructura organizativa de la administración. En la reunión de hoy estarán presentes UGT y CC OO, con quienes Aguayo firmó ya una modificación del decreto el pasado 29 de octubre; pero también el CSIF, uno de los sindicatos de funcionarios que convocó la protesta del sábado. La Junta intentará por tanto acercar posturas con esta organización, mayoritaria entre funcionarios. Este sindicato dijo ayer que acudirá al encuentro, pero insiste en exigir la derogación de la norma.

Carmen Martínez Aguayo eligió un desayuno con la asociación de periodistas parlamentarios (Pepa) para puntualizar su postura y la oferta que llevará a la reunión de hoy. Aguayo dijo estar «dispuesta a modificar» el texto sobre «cuantas dudas» haya en materia de personal para que quede claro que el decreto no busca privatizar ningún servicio y tampoco altera la condición del empleado público, sea este funcionario, laboral indefinido o contratado por obra. Todos pasarán a la nueva organización con la misma categoría de su procedencia y sin merma de derechos. Tampoco el decreto contiene alteración de las normas de acceso al empleo público.

La consejera añadió estar abierta a poner más en claro el acuerdo alcanzado con UGT y CC OO para que se recoja en el texto la voluntariedad tanto del personal funcionario como del laboral de la Junta para pasar a las nuevas agencias. El acuerdo también incluyó el compromiso de mantener los convenios colectivos actuales y crear una mesa para unificar en el futuro la negociación colectiva en el sector público.

Acusaciones al PP

A estos aspectos, el secretario general de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, añadió ayer otra petición, la de que sólo se realicen oposiciones libres en las agencias, eliminando los concursos públicos que se hacen ahora.

Al ser preguntada ayer por los motivos que ve en la movilización de los empleados públicos, Martínez Aguayo cree que los «cambios siempre generan incertidumbre», pero además opina que los recortes salariales son en parte causa del malestar de los funcionarios, recortes que en diciembre se verán ampliados con una reducción importante de las pagas extraordinarias. Pero la consejera también hizo autocrítica y asumió que probablemente «no hemos estado lo más acertados explicándo» los cambios en el sector público.

Aguayo defendió que a la larga se sabrá que el decreto sólo pretende hacer más eficiente la administración y que siempre va a defender al empleado público. En este sentido se quejó de las pancartas de las protestas del sábado aludiendo al «enchufismo», lo que considera una «campaña de desprestigio» de los empleados públicos sin razón. «Basta ya de desprestigiar al empleado público», enfatizó.

Al ser preguntada por las declaraciones de Arenas negando que vaya a despedir a funcionarios, la consejera aseguró que en la agenda oculta del PP está hacerlo. «Si en España o Andalucía gobierna el PP, en su cabeza está hacerlo». Aguayo basa esta reflexión en lo que hacen otros partidos conservadores en Europa. La portavoz del PP, Esperanza Oña, le replicó después, negando que su partido quiera despedir a funcionarios.