El decreto sigue sin convencer

Pero Griñán no sólo va a necesitar aguante para capear las dificultades internas de su partido ante unas municipales de pronóstico poco alentador. El boicot de los sindicatos de funcionarios de la Junta a su gobierno lejos de amainar se enfurece por días. No hay acto público al que vaya el presidente o sus consejeros que no sean abucheados. Los funcionarios protestan contra el decreto de reestructuración de las empresas públicas, que se quedan a la mitad (111), con la consiguiente reordenación de personal. Unos protestan porque no quieren que se les traslade, otros porque no quieren perder derechos o que a los contratados sin oposición se les garanticen los mismos que los que sí la han hecho. El acuerdo a posteriori con UGT y CC OO, lejos de hallar la paz, ha enfurecido aún más a los sindicatos de funcionarios. De nada sirven las insistencias del ejecutivo de que no se hará funcionario a ningún contratado laboral. Se trata de un guirigay complicado, que ha creado un mal ambiente en la Administración andaluza tal que hasta el mismo gobierno se ve afectado en su funcionamiento habitual. El boicot ha llevado esta semana a la filtración de informaciones no controladas por el ejecutivo sobre sus planes con la venta y alquiler de edificios de la Junta. Todo un desastre. Lo que le faltaba al Gobierno es no tener autoridad interna para administrar la información de sus propias decisiones. Y no es la primera vez que le pasa algo así a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El decreto sobre la reestructuración de las empresas, lejos de una solución se está convirtiendo en un problema para el ejecutivo de Griñán. Bien es cierto que hacía falta una reordenación, pero sólo por ahorrar cien millones de euros en tres años algunos dirigentes socialistas se cuestionan si la fórmula y el momento han sido los adecuados. Creen que el descontento generado entre los empleados públicos no compensa el mencionado ahorro. Tampoco la imagen de debilidad del ejecutivo frente al Partido Popular, que claramente se ha alineado con los funcionarios en esta particular guerra sobre los contratados de la Junta

Una estrategia basada en la impopularidad de quienes acceden a un puesto público sin pasar previamente por una prueba o examen. Los que vulgarmente se les llama 'enchufados', aunque no todos lo sean y aunque el PP practique lo mismo donde gobierna. Una estrategia con la que, aunque pierda el recurso que ha planteado al Tribunal Constitucional, el PP ya se sabe ganador ante la opinión pública.