RECORTE IMPLACABLE

La consejera de Hacienda y Función Pública, Carmen Martínez Aguayo, es de esos políticos rigurosos a los que se suele llamar técnicos porque no están dispuestos a dejar que el 'marketing' le obligue a torcer lo que les dice la razón o el programa ideológico. Así que sus cuentas públicas para este año imponen un recorte generalizado y sin tapujos, que intenta ser mínimo en las apuestas estratégicas de su presidente y su Gobierno, como son educación, empleo, salud, bienestar social. Pero recorte, háylo y es lo que queda para una buena temporada, en tanto no mejore la recaudación por que lo haya hecho la actividad económica.

Así pues, en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para la provincia de Cádiz hay menos dinero para gastar y el viernes Luis Pizarro, a quien toca ahora el puesto de «consejero de la provincia», se esforzó en mandar un mensaje de esperanza en la recuperación, sin dejar de reconocer la disminución del gasto y admitir que hay que ajustarse a la realidad. En este sentido explicó la mayor financiación destinada a los ayuntamientos, asfixiados económicamente, porque, dijo, aunque sea culpa de los alcaldes, la situación ahoga a muchos ciudadanos y empresarios.

La otra gran patata caliente que tiene ahora planteada la agenda política es la reordenación del empleo público. El trabajo es inexcusable, porque la crisis impone recortar el déficit y porque la razón exige ordenar el kafkiano monstruo en el que se ha convertido la administración autonómica. Es una cuestión de interés general, en la que también coincide el PP, y que debería ser consensuada, puesto que ha de perdurar más allá del cambio de legislatura y la posible alternancia. El PP es asimismo muy activo en el asunto, en las administraciones que dependen de él. Así, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que se propone auditar su plantilla para ver quién les sobra y no cubrirá las bajas, mientras su presidente provincial, Loaiza, ha conseguido una sentencia judicial que busca ordenar el acceso al empleo en la Diputación. Sin embargo, ha planteado recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que ha aprobado la Junta.

No nos queda otra que reducir la Administración y racionalizar su funcionamiento, evitar duplicidades, agencias paralelas etc. No será fácil, pero además es que buena parte de los empleados públicos no están por la labor y las grandes centrales no tienen controlado del todo el patio. Por eso, pese a que la consejera Martínez Aguayo alcanzó el viernes un acuerdo con CC OO y UGT para reordenar la función pública, los sindicatos independientes no lo reconocen y decenas de empleados de Torre Triana salieron a abuchear e insultar a los firmantes, con una violencia impropia de tan bien pagados trabajadores. Los representantes de CC OO y UGT salieron por la puerta trasera, pero Martínez Aguayo se negó y cruzó entre los alborotadores en medio de un pasillo policial. La batalla está servida pero ese no es el camino.

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