El Supremo desatasca el 'caso Karlos' con casi un año de demora

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 3 de noviembre si la estafa a la Seguridad Social por obtención fraudulenta de pensiones, destapada en la 'Operación Karlos' será juzgada por un tribunal profesional de magistrados, o por un jurado popular. La decisión, que se tomará a puerta cerrada, desatasca el proceso judicial de este caso de fraude, que lleva casi un año enquistado en los despachos del Alto Tribunal desde que las defensas recurrieran en enero la propuesta de la Audiencia Provincial a favor del jurado.

El retraso en el Supremo se suma a la demora que ya de por sí venía arrastrando el 'caso Karlos' en los juzgados gaditanos, desde que en el 2006 la Guardia Civil destapara la supuesta estafa a la Seguridad Social, que sentará en el banquillo de los acusados a 31 personas. Como en las películas malas, el proceso judicial ha estado a punto de terminar en infinidad de veces. Pero a última hora, un 'giro argumental' planteaba un nuevo obstáculo que la hacía alargarse en el tiempo.

El último de estos contratiempos tuvo lugar en noviembre de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz, a falta sólo de señalar la fecha del juicio, decidió que el delito debía ser enjuiciado por un jurado popular, lo que fue recurrido de inmediato por las defensas de los acusados. Y es que estos temen que la presión mediática que soporta el caso debido a la presencia de la famosa María José Campanario entre los acusados, desvirtúe el veredicto del jurado popular. De aquello, sin embargo, se cumple en enero un año.

Curiosamente, el principal acusado: el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, considerado el cabecilla de la trama estafadora por la fiscalía, solicitó a la Audiencia Provincial que fuese un jurado el que lo juzgara. Carretero es presuntamente quien captaba a las personas interesadas en obtener pensiones falsas y quien organizaba el fraude con la connivencia de un inspector médico (el acusado Francisco Casto), para expedir bajas e informes médicos falsos con los que iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente. Por todo ello, los interesados pagaban supuestamente a Carretero cantidades que oscilaba entre los 9.000 y los 24.000 euros.

Los magistrados del Supremo encargados de deliberar sobre el recurso serán el magistrado Perfecto Andrés, que será el ponente de la decisión adoptada, además de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Alberto Jorge y José Antonio Martín.