Salgado frena a Valeriano Gómez en su debut

Siete días ha tardado el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en aprender lo que significa chocar con sus superiores en el Gobierno. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, corrigió ayer su primer anuncio de calado político, una nueva prórroga de seis meses en la ayuda de 426 euros para los parados que hayan agotado todas las prestaciones y acepten participar en programas de inserción laboral. La extensión de dicha paga, que vence el 15 de febrero, se realizará solo si lo permiten los Presupuestos Generales del Estado para 2011, subrayó Salgado.

La vicepresidenta desdijo durante su intervención en el Foro Cinco Días a su compañero de Gabinete, que llegó al Consejo de Ministros gracias a su perfil de hombre-puente con los sindicatos y que en el pasado no ocultó su rechazo a algunas decisiones económicas, como el abaratamiento del despido que consagra la última reforma laboral.

La intervención de Salgado supone un freno a la determinación de Gómez por ilusionar a 4,6 millones de parados: «No caben aportaciones adicionales al presupuesto de 2011, que todavía ni está aprobado» -subrayó- «y mucho menos al del próximo», en un momento en que el objetivo es recortar el déficit para tranquilizar a los mercados y generar confianza en la economía española. El margen con que cuenta el Gobierno es muy escaso y el presupuesto de los Servicios Públicos de Empleo Estatal para 2011 «limitativo», señaló la número tres del Gobierno.

Encontronazo

El encontronazo entre ministros vino precedido por una rectificación que realizó el propio Ministerio de Trabajo el jueves, tres horas después de que Gómez anunciara en su primera rueda de prensa su intención de prorrogar desde febrero hasta agosto el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), aunque con «algún cambio». Poco después de que su anuncio tuviera eco, Trabajo emitió un comunicado en el que puntualizaba que «la decisión de prorrogarlo se tomará cuando se haya hecho un balance del impacto y efecto que ha tenido su aplicación, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria en el momento en el que deba hacerse efectivo».

Al ser Gómez la máxima autoridad en su Ministerio, lo más probable es que dicha corrección le haya venido impuesta desde arriba, es decir, desde la vicepresidencia económica o directamente desde la Moncloa. Llama la atención que, a la hora de enmendar al nuevo ministro, Salgado se haya remitido, casi punto por punto, al contenido de la 'nota aclaratoria'. Explicó que Trabajo «ha establecido tres condiciones» a la prórroga: la primera, una evaluación de la «utilidad» de las ayudas, es decir, de sus resultados y costes; la segunda, la introducción de mejoras o cambios y, por último, «la principal», que haya «disponibilidad presupuestaria».

Gómez insiste en televisión

Mientras Salgado le corregía, el nuevo ministro ratificaba en TVE que es partidario de prorrogar la ayuda de 426 euros. «A la altura del momento en el que nos encontramos, personalmente yo no veo que sea el momento de suprimir ese programa», insistió. A renglón seguido, expresó su deseo de eliminarlo «pronto», pues será sintomático de que «el desempleo está bajando». Sobre los motivos para rectificar su anuncio, admitió que «es cierto que es mejor evaluarlo» «Ojalá sea conveniente eliminarlo, porque eso significará que estamos en la buena dirección», recalcó.

Según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo, en España hay 300.000 personas que se benefician del Prodi, 1,3 millones de parados que perciben prestaciones asistenciales y 800.000 que carecen de cobertura por desempleo.

El último programa de estabilidad del Gobierno, publicado el pasado 30 de septiembre, prevé para 2011 un panorama laboral igual de desolador que este año, con una ganancia neta de empleo muy moderada, del 0,3%, que permitirá reducir sólo 5 décimas la tasa de paro prevista para este año.

Salgado confió en que la evolución del empleo «mejorará según avance el año» gracias a los ajustes decretados por el Ejecutivo y a la moderación salarial. En ese sentido, animó a los empresarios y trabajadores a «aplicar la reforma laboral», en particular la extensión del contrato de fomento del empleo y las medidas de flexibilidad laboral que introduce el texto.