Zapaterolandia no es España

Cuando algunos le dicen al Presidente que se vaya, creo que se equivocan, porque ZP realmente no vive en España. En su etapa de furor progresista, se instaló en el país de Alicia, el de las mil maravillas, geográficamente situado en una de las verdes praderas aledañas a Rodiezmo. Ahora, admite después de tres años errando, que no hay alternativa a la aplicación de determinadas políticas sustentadas sobre la base ideológica de la izquierda. Sus contradicciones ideológicas las justifica en el «sentido común», como fundamento de sus actitudes actuales ante la situación económica. «La izquierda es muy apasionada en la dialéctica, pero a veces tiene sus contradicciones; ¡que me lo digan a mí en estos momentos!», ha dicho Zapatero en estos días. También ha dicho que «hay que llevar a la práctica determinados principios que a menudo han sido discutidos desde la izquierda, como el ajuste duro para reducir el déficit». También comentó que «ahora no hay alternativa», asegurando que la aplicación de esta política no reside en una renuncia a sus principios, sino plegarse «al más puro sentido común». Todo parece indicar que el señor Rodríguez Zapatero ha vivido en Zapaterolandia, donde ejerció de izquierdista con gran corazón, con el dinero de todos. Ahora que se ha dado cuenta de que vive en España, y le parece que sólo es posible aplicar políticas contrarias a las suyas, o sea, políticas liberales, en síntesis, eficacia y eficiencia en la gestión de la «cosa pública» y equilibrio presupuestario. Bueno, pues si es así, bienvenido a España y… al otro bando.

Pero no, eso es mucho pedir y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado es un mero anticipo. Las decisiones de política económica son plasmadas en ella, reflejando conceptos y cifras. Convirtiéndose así en la Ley fundamental de cada ejercicio. Ésta se erige en el instrumento crucial con el que cuenta el gobierno para encauzar la economía del país. Uno de sus objetivos debiera consistir en inspirar confianza a los operadores económicos. Esto sólo es posible siempre que la formalización de los mismos se fundamente en principios económicos generalmente aceptados y referidos a la racionalidad, eficacia, eficiencia, equilibrio presupuestario y fuente de inspiración de la necesaria seguridad jurídica. Echando la vista atrás, veo como se han ido formalizando los Presupuestos de los últimos tres años. Todo me lleva a pensar que éstos tampoco son creíbles. En octubre de 2007, Solbes se refería a un escenario de crecimiento del 3,3%. Antes incluso de la tramitación parlamentaria de la Ley, sin ningún tipo de pudor, no dudó en modificar sus propias predicciones a la baja. Incluso en el más corto plazo de final de año, volvió a modificarlo. Una vez aprobados, en la primera quincena de enero, volvió a reducir las predicciones. En octubre de 2008, vuelve a utilizarse un cuadro macroeconómico sesgado y alejado de la realidad de los hechos económicos. Se asume por el Gobierno la promulgación de unos Presupuestos llamados por el propio Gobierno como «sociales», y que yo los adjetivizo como «electoralistas», que desde luego no favorecían la marcha de la economía, sino todo lo contrario, iban a penalizarla. La prudencia presupuestaria debiera haberse impuesto, máxime si no se corrigieron durante la legislatura de importantes desequilibrios, que exigían reformas estructurales auspiciadas desde instancias internacionales y por qué no decirlo, desde lo más elemental del sentido común: la más contestada, la tan tatareada flexibilidad del mercado laboral, favorecer e incidir directamente cuando sea necesario en una auténtica competencia intersectorial, equilibrar la balanza de bienes o comercial e incremento de la productividad en todos los ámbitos de la economía española. En febrero de 2009, se vislumbra el desaguisado motivado entre otras cosas por unos Presupuestos artificiales y desconectados de la realidad que impone el mercado. Se constata que el consumo, la inversión y las exportaciones de la economía española caen en picado, mientras que lo único que crece es el gasto público. Todo ello se traduce en una plaga destructora de empleo y en un desmesurado deterioro de las cuentas públicas. Ambas, exteriorizan a la vez que explicitan el estrepitoso fracaso de la política económica del gobierno. Hemos pasado de un 2% de superávit al cierre del ejercicio de 2007, a un déficit que excede del 3% a final de 2008. Del desempleo mejor no hablar. En octubre de 2009 se vuelve al ritual de todos los años. Una vez más las cifras macroeconómicas que sustentaron los Presupuestos para 2010 fallaron de forma radical. La crisis económica se combate desde los Presupuestos y desde la legalidad vigente, que ahora más que nunca es preciso modificar. Los presupuestos de 2009 se hicieron sobre la base de la negación de una crisis evidente y atendiendo a la aritmética electoral, negociándolo con partidos nacionalistas. Previeron un crecimiento del 2%, mientras que la realidad supuso una contracción del (-3,6%), incurrimos en un déficit que superó con creces los 100.000 millones de €, equivalentes al 12,3% del PIB español, cuando lo presupuestado era un déficit del 8,1%. Podríamos seguir y hacernos la idea de que los presupuestos para 2011 nacen viciados, de igual forma que ha pasado con todos estos años. A las prueba me remito. El informe sobre perspectivas económicas del FMI (World Economic Outlook), duda del cumplimiento del objetivo de reducción del déficit y del endeudamiento público recogidos en el Proyecto de Presupuestos para 2011. Mientras las previsiones de crecimiento para el gobierno son del 1,3%, para el FMI son del 0,7%, lo que representa un sesgo de casi el 50%. El presumible error es de la mitad de lo proyectado. Por eso se pide un plan alternativo, para el caso de que los malos presagios se cumplan. La pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente tenemos un plan? Si entendemos por plan aquel modelo sistemático que se elabora proyectando la presumible por objetiva realidad futura, antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla y alcanzar de esa forma los fines previstos, debemos concluir que no tenemos un plan. Todos, el FMI, el Banco de España, la OCDE, insisten en la desviación de la cifra de crecimiento en casi la mitad de lo previsto, lo que altera en la cuota parte de la desviación el resto de las previsiones. Por eso creo que MAFO es excesivamente condescendiente pidiendo un plan alternativo B. Hubiera sido más preciso exigiendo un auténtico plan A. Pronto veremos correcciones al Proyecto y a lo dispuesto en la propia norma que se apruebe.