Huelga a cuestas

La convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre, que ayer formalizaron CC OO y UGT, constituye una prueba de que ambas centrales sindicales se han puesto a sí mismas. El desigual resultado obtenido por el llamamiento a una jornada de paro en la función pública el pasado 8 de junio demostró ya que los sectores directamente afectados por los ajustes presupuestarios afrontan más con disgusto que con espíritu de rebeldía la merma de sus ingresos. Los sindicatos no podían continuar sentados a la mesa del diálogo social sin que las propias conversaciones cuestionaran su identificación de la defensa del interés de los trabajadores con la defensa del vigente marco regulador del mercado de trabajo. Tampoco podían mostrar su oposición a los cambios solo verbalmente y sin comprometer en la protesta al conjunto de los trabajadores. Si se mira retrospectivamente, el calado de la reforma laboral y la política de ajuste en las cuentas públicas anunciaban la convocatoria de una huelga general. Pero es probable que el 29 de septiembre no demuestre la capacidad de arrastre social que un llamamiento tan al límite precisaría, y obligue a UGT y CC OO a una doble reflexión, sobre el papel futuro del sindicalismo y sobre el propio ejercicio del derecho de huelga. La convocatoria de una huelga general evoca siempre la confrontación de posturas irreconciliables y la lucha de clases, como si la sociedad actual no se caracterizase precisamente por el fluir constante de intereses sociales e individuales intermedios. Por esto mismo los sindicatos están obligados a evolucionar en su estrategia y su quehacer a la búsqueda del mayor nivel de coincidencia con las instituciones y las empresas aunque, necesariamente, preserven un espacio para la reivindicación y la protesta. En lo que a la convocatoria del 29 se refiere, si las administraciones tienden a establecer más servicios mínimos se debe a que la sociedad no admite el derecho de los huelguistas como una potestad absoluta y superior a los derechos que en esa jornada quieran ejercer los ciudadanos e incluso los propios huelguistas en las otras facetas de su vida. No son los servicios mínimos los que rebajan los efectos de una huelga, sino que es la sociedad la que tiende a limitar el alcance de tal derecho.