Las eléctricas cobran recargos por un adaptador que será «innecesario»

«Absurda». Así ha calificado el secretario general de Facua-Consumidores en Acción en Cádiz, Jesús Yesa, la medida del Ministerio de Industria que obliga a la instalación de limitadores de potencia eléctrica en aquellas casas que todavía tienen contadores antiguos.

Se trata de una regulación provisional antes de la definitiva instalación por las eléctricas de los nuevos modelos digitales, que ya incluirán dichos interruptores de control de potencia (ICP), en un proceso que debería finalizar para 2018.

Hasta entonces, el cambio se ejecutará por tramos. El plan de sustitución recoge que a finales de este año cada distribuidora debería haber actualizado ya un 30% de su parque de contadores de hasta 15 kilovatios, algo que, aseguran desde Facua, «no están cumpliendo, ante la pasividad del Ministerio». Otro 20% deberá estar antes del fin de 2012, semejante porcentaje para 2015 y el 30% restante para 2018.

«Si nos los van a terminar renovando, ¿por qué se colocan ahora estos ICP?», se pregunta el portavoz de Facua. El trueque no tendría mayor trascendencia si no fuera porque los usuarios que pasen por esta circunstancia tendrán que pagar un alquiler por el dispositivo hasta que se coloque en su casa la instalación moderna. Yesa refuerza en este sentido que ya existe una normativa en vigor al respecto, que, según aclara, «obliga a las eléctricas a colocar esos limitadores y al consumidor a aceptarlos».

La situación encierra una grave paradoja, ya que mientras no existen sanciones por posibles demoras para las eléctricas, sí que se han fijado otras para los usuarios que no coloquen los limitadores.

Para instalarlos, el usuario debe abonar además a su distribuidora 10,49 euros por derechos de enganche, al margen del gasto que pueda reportar la colocación si se necesita una adecuación de la red, en cuyo caso habrá que contratar además a un electricista, y pagarle sus correspondientes honorarios.

Dos avisos previos

Según la normativa, las eléctricas deben remitir dos notificaciones a los afectados, instándoles a ejecutar el cambio «por cualquier medio que les permita tener constancia de su recepción». Si 20 días después de dicho aviso el usuario no lo ha llevado a cabo, o no se lo ha comunicado a la compañía, la comercializadora empezará a aplicar la penalización en los recibos.

El secretario general de la asociación de defensa del consumidor considera que esta manera de proceder supone «un fallo técnico» por parte de la Administración.

Desde Facua se aboga por que Industria «revoque» esta regulación, que a su modo de ver, «sólo provoca un gasto innecesario», y se adelante la instalación de los contadores. En este sentido, Yesa defiende que «se deberían quitar los ICP ya, para que los usuarios no tengan que estar años pagando alquileres».

Los principales afectados por este cambio transitorio serán los propietarios de inmuebles de más de 10 años, ya que en ellos, según describe el responsable de Consumidores en Acción, «es más posible que existan instalaciones antiguas».