Aznar culpa a Zapatero del «lío» del 'Estatut' y de llevar a España al filo de la ruptura

Mariano Rajoy y José María Aznar no tienen sincronizados sus relojes. Si el actual líder del PP ordenó el pasado martes pasar la página del 'Estatut' y mirar al futuro, el ex presidente del Gobierno demostró ayer que tiene otros planes. Aznar reclamó, durante la inauguración de los cursos de verano de FAES, no «dejarse engañar» a la hora de señalar a los responsables de lo que definió como el «lío» del 'Estatut' de Cataluña. El ex presidente del Gobierno eximió, de forma directa a CiU, y fijó su dedo acusador en José Luis Rodríguez Zapatero. Aznar, en presencia del polaco Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo, acusó al máximo responsable del Ejecutivo español de promover la reforma estatutaria en Cataluña con el objetivo de afianzar una mayoría que permitiera al PSOE «mantenerse» en los gobiernos catalán y central «a costa de la estabilidad del Estado».

Una valoración que recibió la inmediata respuesta del Gobierno. María Teresa Fernández de la Vega, a la conclusión del Consejo de Ministros, tachó a Aznar de «poco patriota» y de practicar una «preocupante deslealtad institucional». La vicepresidenta primera aprovechó la oportunidad para lanzar de paso un dardo a Mariano Rajoy, al que atribuyó «una baja autoridad en el PP» como evidencia, dijo, la displicente respuesta del propio Aznar y de otros dirigentes del PP, como María Dolores de Cospedal y Francisco Camps, al requerimiento de Rajoy a la mesura.

Del discurso de Aznar también se infiere su convencimiento de que el modelo autonómico ha estado al borde del abismo. De hecho, indicó durante su alocución que Zapatero llevó a España, «por su estricta conveniencia partidista», al límite de un Estado «constitucional fallido, sin nada que los justificara». Una idea en consonancia con las advertencias que realizó el PP hace cuatro años sobre la ruptura de España.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, a juicio del ex presidente del Gobierno, ha alejado el peligro de esa fractura territorial. Lo que no resta, insistió, gravedad a la situación vivida. Explicó que el dato que mejor demuestra los riesgos que, a su juicio, se han vivido es el mero hecho de que un tribunal se haya visto en la tesitura de tener que votar sobre «el objeto de la soberanía» o sobre «la existencia o no de una nación».

Límites al Estado

Se aventuró a vaticinar que la sentencia del Constitucional, que se conocerá el 9 ó el 12 de julio, pondrá «los límites al Estado autonómico, sus umbrales mínimos más allá de los cuales no sólo no hay Estado autonómico, sino que sencillamente no hay Estado».

Mientras Rajoy, en su única alusión al 'Estatut' desde que se conoció el fallo, enfatizó que, una vez conocida la resolución del Constitucional, no era momento de «excesos» e hizo un llamamiento a la «serenidad y a la responsabilidad», Aznar precisó que el dictamen acreditó que el 'Estatut' no estaba «cepillado, tal y como aseguraron los que se prestaron a legitimar políticamente una operación radicalmente errónea», en alusión a la frase de Alfonso Guerra, presidente de la comisión Constitucional del Congreso que tramitó el 'Estatut' y que prometió «un cepillado» al texto que llegó del 'Parlament' de Cataluña para adecuar el texto.

Aznar abundó en que, de los artículos invalidados ahora, queda al descubierto que existía «una pretensión antijurídica de modificar la Constitución por la puerta de atrás, una puerta que no existe». Dos argumentos que, a su entender, avalan la decisión del PP de presentar el recurso contra el 'Estatut'. «Fue un acto de responsabilidad, de lealtad y de compromiso constitucional», remachó.

En lo que sí coinciden Aznar y Rajoy es en que la normalidad institucional sólo llegará a España con una nueva alternancia en el Gobierno que levante el andamiaje necesario para tornar a un dibujo de Estado «previsible», que encuentre su fundamento en la nación «como único sujeto soberano». El ex presidente, en la misma línea que expresó Rajoy el pasado martes, abogó por recuperar los grandes consensos constitucionales, pero siembre bajo la tutela del PP.