El Gobierno da otra vuelta de tuerca al empleo público

El empleo público servirá para un nuevo ajuste de las cuentas del Estado. El Gobierno ha decidido dar otra vuelta de tuerca al sector. En esta ocasión, el ahorro llegará a los 250 millones de euros y supondrá la desaparición de 10.600 puestos de trabajo en la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con más de 2,5 millones de trabajadores. La vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó que la medida consiste en la reducción de vacantes, recogidas en la «relación de puestos de trabajo» del 8% al 5%, en tres años y se enmarca dentro del plan de medidas de austeridad y eficiencia.

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron en la rueda de prensa tras el habitual Consejo de Ministros de los viernes. De la Vega, encargada de la Función Pública en la presente legislatura, adelantó el proyecto el pasado martes en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados, pero pospuso su concreción.

El recorte eliminará «desviaciones al alza de las masas salariales de los funcionarios», según resaltó la vicepresidenta. Afecta a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales. Quedan excluidas las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, los centros penitenciarios, los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y los controladores aéreos.

Este ahorro se suma a la senda de iniciativas de ajuste aplicadas a los empleados públicos en 2010. La primera se produjo el 30 de marzo. Entonces, el Gobierno decidió recortar en 280 millones de euros el gasto laboral. Para ello, aprobó un real decreto que establecía que sólo uno de cada 10 puestos que quedaran libres se cubriría. Para los sindicatos del área fue una llamada de atención. No obstante, CC OO, UGT y CSIF reconocieron que el acuerdo pactado con el Ejecutivo en septiembre de 2009 contemplaba una tasa de reposición de «hasta» el 15%, porcentaje que las tres centrales erróneamente dieron por bueno en el momento de la firma.

Ruptura

Después llegaron las medidas para la reducción del déficit, anunciadas por el propio presidente del Gobierno el pasado mes de mayo en el Parlamento, posteriormente aprobadas por la cámara. El jefe del Ejecutivo explicó que las retribuciones del personal del sector público se reducirían un 5% de media a partir de junio de 2010 y quedarían congeladas en 2011. La decisión provocó la ruptura con los sindicatos. Las tres organizaciones convocaron una huelga en el sector para el 8 de junio cuyo seguimiento fue minoritario, pese a que CC OO, UGT y CSIF se dieron por satisfechas.

El acuerdo de septiembre reflejaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos durante la presente legislatura. Fijaba para 2010 un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que previsiblemente iba a costar 50 millones. Los incrementos de 2011 y 2012 tendrían que negociarse entre las partes en función de la evolución presupuestaria del índice de precios al consumo, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de las cuentas del Estado y la valoración de la productividad.

El Gobierno siempre ha negado que hubiera vulnerado el pacto de septiembre. Explica que simplemente aplicó un capítulo del Estatuto Básico (documento con los derechos y los deberes del colectivo) que permite el incumplimiento por «causas graves de interés público». En su opinión, el texto «sigue plenamente vigente», puesto que el cambio sólo afectaba a las retribuciones.