El Senado tumba un candidato del PP al Constitucional y complica la renovación

El Senado apartó ayer al magistrado Enrique López, uno de los dos únicos candidatos propuestos por el PP para renovar los cuatro miembros del Tribunal Constitucional con mandato caducado, por no cumplir los requisitos mínimos exigidos por la ley para aspirar al puesto; en concreto, por no haber ejercido la profesión de forma efectiva durante al menos 15 años.

La decisión de la Mesa del Senado, que por igual motivo y con los votos de PSOE y CiU también descartó al candidato socialista y actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, complicará el proceso de renovación. Retrasará casi un mes el inicio de la selección de los candidatos finales que debe votar el pleno y permite que el PP, en total desacuerdo con la medida adoptada hoy y que piensa recurrir, bloquee como represalia toda posibilidad de consenso y de sustitución de los juristas, algo que ya ocurrió en octubre de 2008.

La participación de los populares en el acuerdo final es indispensable porque los nuevos magistrados deben ser designados por tres quintos del Senado, una cifra sólo al alcance con los dos partidos mayoritarios. PSOE y PP mantuvieron bloqueado el proceso hasta ahora por falta de acuerdo sobre los candidatos, de forma especial por el rechazo que el propio López y el otro nombre propuesto por los populares, Francisco Hernando, provocaban en las filas socialistas.

La sustitución de magistrados caducados, que en el mejor de los casos ya no se completará antes de mes y medio, podría producirse después de que el tribunal haya dictado sentencia sobre el recurso presentado por el PP contra la mitad de los artículos del Estatuto de Cataluña. La corte no tiene previsto parar los debates sobre el texto recurrido por la reactivación del proceso de renovación, pese a que la reactivación del proceso ya ha sido comunicada por el presidente del Senado, Javier Rojo, al Constitucional. Es más, la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, tiene convocado un pleno para el jueves de la semana próxima, en el que ella, actual ponente del recurso, tratará de que la sala dicte por fin una sentencia, tras dos años y medio de deliberaciones y seis intentos frustrados.

Sentencia, no

La corte no parece que vaya a escuchar las reclamaciones del Gobierno, Parlamento y partidos mayoritarios catalanes, que han creado el clima político que ha reactivado la renovación con la intención de evitar que sea el Constitucional, en su actual composición, quien dicte una sentencia que recortará alguno de los aspectos sustanciales del 'Estatut'. Ayer volvieron a pedir al tribunal que suspenda las deliberaciones hasta que se complete la renovación y que no dicte sentencia cuando ya se ha iniciado la precampaña de las elecciones catalanas, comicios a celebrar en octubre y que quedarían afectados por su fallo, sea cual sea.

La contestación del Constitucional se limita al artículo 17.2 de su propia ley orgánica: «Los magistrados continuarán en ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles».

El Senado, en la misma reunión de la Mesa que apartó a López y Campo, dio luz verde a continuar en la competición por la designación al resto de los candidatos, 21, propuestos en 2008 por las parlamentos de las comunidades autónomas. Este órgano dio de plazo hasta el próximo 29 de junio a las seis cámaras regionales que propusieron a López (Comunidad de Madrid, Extremadura, Cantabria, Castilla y León, y La Rioja) y al andaluz, que propuso a Campo, para que indiquen si presentan otros aspirantes que cumplan con todos los requisitos formales.

Una vez contesten las autonomías, Rojo convocará a la Comisión de Nombramientos, que examinará los méritos de todos los juristas, y, tras escuchar el consenso de aspirantes que puedan alcanzar PSOE y PP, propondrá al pleno los nombres de los cuatro candidatos finales para la designación. Fuentes del Senado señalaron que el presidente de la cámara intentará que no haya más dilaciones en el proceso y no descartaron que el pleno de designación pueda celebrarse incluso antes de final de julio. No obstante, después de la exclusión de López, lo que no está asegurado es que los populares se desentiendan y bloqueen de nuevo la renovación.

Federico Trillo, el coordinador de Justicia del PP, que tildó la decisión del Senado de «veto político» del PSOE a su candidato, advirtió que «si (al final) no hay renovación ya se sabe de quién será la responsabilidad». El mismo Trillo ya dejó claro hace unos días que lo que no habrá es renovación hasta que el actual tribunal dicte la sentencia del 'Estatut' de Cataluña.