Ana Lorenzo ya estuvo en el punto de mira por cursos de formación

A pesar de ser la hija de una conocida ex senadora socialista, María Jesús Castro, que lideró el PSOE isleño durante años y reconocida por el partido, hasta ahora Ana Lorenzo no se había metido de fondo en la política. Sin embargo, su nombre si había aparecido en boca de varios partidos políticos ya que desde el PP se señalaba a la empresa de formación que montó con otro reconocido socialista, el actual delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, de tener «trato de favor» para conseguir subvenciones por parte de la Junta de Andalucía.

En cuanto a cifras el PP señaló la obtención de más de 800.000 euros del año 2003 al 2010. Es más a ella se le señaló de favorecer a Observa, nombre de la empresa gestionada por el PSOE, en la concesión de cursos de formación subvencionados con fondos europeos gestionados por la Junta a través de asociaciones y entidades en las que ocupaba cargos de dirección.

Así en 2013 la popular Ana Mestre apuntó a la Asociación de Mujeres Cooperativistas (AMECOOP) de la que Ana Lorenzo Castro era vicepresidenta. «Dicha asociación recibía subvenciones gestionadas por la Junta para cursos de formación en igualdad de género, muchos de los cuales fueron otorgados a la cooperativa Observa de la que era socia la propia Ana Lorenzo Castro».

Una vez que se convirtió en concejala, Ana Lorenzo tuvo que lidiar de nuevo con la polémica proveniente de Observa, de la que López Gil se desvincula asegurando que salió de ella en el momento que comenzó a participar en la política. En esta ocasión por un expediente de 2009 en el que la Junta de Andalucía pide la devolución de parte de una de las subvenciones. De hecho en abril de 2015 se le solicitó a la empresa el reembolso de unos 42.000 euros, ya que se aseguró que uno de los salarios no estaba justificado porque el supuesto profesor no había dado clase alguna. Pero desde el PP se dio un paso más ya que aseguraron que la justificación de esta subvención, «llegó fuera de plazo y sin embargo la empresa no fue sancionada. ¿Es esto de nuevo un trato de favor?».

Es por ello que solicitaron la dimisión de la concejala ante la falta de explicaciones con respecto a esta serie de supuestas «irregularidades» que en el proceso judicial que se realizó fue tachado de «reparos». Hay que destacar que López Gil dejó la empresa en el año 2004, mientras que Ana Lorenzo hizo lo propio ya en el año 2009.