Interventor y tesorera continúan como investigados en el proceso penal del desfalco

Es un caso atípico, una instrucción demasiado larga y con paradojas que parecen que salieran de un guión de cine. Y suma y sigue. Y es que ahora resulta que los dos funcionarios públicos que interpusieron la demanda, que destapó la falta de 7,8 millones de euros de la caja municipal de San Fernando, serán procesados como investigados.

Al menos, por el momento, pues tras las declaraciones que tanto el interventor, José Antonio López, como la tesorera, María de las Virtudes Gómez, han realizado en la sede judicial isleña no han servido para dictar auto o resolución que exponga lo contrario.

Tras ellos y ante la posibilidad de otras novedades o avances, tan solo queda la declración de los miembros de una familia de origen marroquí, que elevan los investigados a más de una decena, para poder cerrar esta instrucción que en abril cumplirá ocho años, y poder fijar fecha de juicio.

Para ello existe una orden de búsqueda y captura internacional que recientemente dio sus frutos al ser interceptado una persona perteneciente a este clan.

Cabe señalar que el juzgado encargado de este caso penal emitió el 20 de julio de 2015 un auto en el que señalaba la posible implicación de los dos funcionarios municipales. Hasta ese momento, los principales investigados eran Clemente Ruiz y María José Lebrero por ser ambos los responsables de la caja en esas fechas. A lo largo de la instrucción también han sido investigadas por un posible delito de blanqueo de capitales tanto la esposa como la suegra de Ruiz. El Ministerio Público también interesó en su día que se investigara la responsabilidad de ocho miembros de una familia de origen marroquí con la que Clemente tuvo negocios comunes, por lo que entendía que pudo participar en los hechos.

Responsables administrativos

Lo que sí se ha resuelto ya es la responsabilidad administrativa en la pérdida de esta importante cantidad para San Fernando, al ratificar el Tribunal de Cuentas su sentencia al respecto. determinando que la falta de controles, la omisión de labores y el caos de las cuentas municipales permitieron el menoscabo de 7,8 millones de euros.

Esta cantidad la redujo

el Tribunal de Cuentas a 7,6 millones. Ya que consideran que los hechos ocurridos anteriores al 22 de octubre de 2003 han prescrito. Y a partir de ahí todos los implicados en este proceso deben asumir su responsabilidad administrativa. Hay que recordar que aquí no se determina la culpabilidad penal, es decir quién o quiénes se han llevado el dinero, sino quién o quiénes han permitido que el dinero desaparezca. El matiz es importante ya que no implica cárcel, sino sanciones retributivas para subsanar el daño proveniente de su acción u omisión, a la hora de desarrollar sus labores de control.

Precisamente por ello se considera responsables directos a los dos excajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, ya que eran los encargados de velar por las cajas fuertes y se consideran hechos probados que falsificaron hojas de caja (documentos que verificaban el dinero físico que tenía el Ayuntamiento), además de ser los encargados de custodiar las llaves, de solicitar los talones para lograr fondos y de manejar recogida de dinero de bancos, entidades y de las multas. Es por ello, y atendiendo a lo prescrito, que deben abonar el total de los 7,6 millones de euros, más los intereses que se determinen en las costas del proceso.

Subsidiarios

Pero ambos ya han mostrado en varias ocasiones su insolvencia para poder enfrentarse a tal cantidad. Por lo que es muy probable que los responsables subsidiarios no se salven de hacer frente a las cantidades que se recogen dentro de la sentencia del Tribunal de Cuentas.

El que más debe abonar es el que fuera tesorero y actual interventor, José Antonio López. El Ayuntamiento exigía en su demanda el pago de 105.847 euros. Finalmente será mucho menos, en primer lugar porque se le reducen unos 15.912 euros por prescripción de los hechos. En segundo porque se consideran una serie de atenuantes, extensible al resto, como la cantidad de trabajo, la falta de medios o su colaboración para descubrir lo ocurrido y la puesta de medidas para que no vuelva a suceder. Por lo que en total deberá abonar 67.450 euros.

Igual ocurre en el caso del anterior interventor, Rafael Monzón, que se encuentra ya jubilado. A él se le reclamaban 61.525 euros. De ellos se consideran prescritos 21.820 euros y reducen una cuarta parte por atenuantes. En total se le condena a pagar 29.779 euros. Una cantidad similar que la que debe afrontar la actual tesorera, María de las Virtudes Gómez, que se queda en 29.544 euros, de los 39.342 euros que se pedía en la demanda del Ayuntamiento.

Un documento que también solicitaba que los exalcaldes andalucistas tuvieran que abonar 39.000 euros. Finalmente serán 29.250 euros y eso a pesar de que en el juicio apenas se les recriminó nada y sólo se les achacó la falta de presencia en los arqueos de finales de año.