La Fiscalía pide imputar a los exdirigentes de UGT Andalucía en el caso de las facturas falsas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de Instrucción número 9 de Sevilla que impute a los ex secretarios generales UGT Andalucía Manuel Pastrana y su sucesor Francisco Fernández Sevilla en la causa que investiga "la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación" mediante el uso de facturas falsas.

En el escrito remitido al juzgado, la fiscalía recuerda que según las declaraciones del extesorero de la organización, Federico Fresneda (detenido el pasado mes de junio por esta causa) tanto Pastrana como su sucesor Fernández Sevilla fueron los responsables de la puesta en marcha de la denominada "central de compras", un sistema que permitió recurrir a procedimientos como el rapel y el bote para su "financiación ilícita". De hecho, Fernández Sevilla dimitió en noviembre pasado tras destaparse precisamente el uso de facturas falsas para desviar fondos públicos, una actitud que los dirigentes sindicales achacaron a la venganza de algunos trabajadores que habían sido despedidos.

Anticorrupción describe cómo a través del descuento conocido como rapel "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Las facturas presentadas a la administración autonómica para justificar las subvenciones no incluían ese descuento, "lucrándose así en el exceso el sindicato y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración". Posteriormente, el exceso conseguido mediante el rapel se repartía entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

Respecto al bote, la Fiscalía considera que el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Contaban de hecho con una aplicación informática para "asentar" los movimientos "al margen de la legalidad". De esta manera, "la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación", concluye el fiscal.

El extesorero de la central ya declaró ante el juzgado de instrucción que era la propia comisión ejecutiva "quien decidía las empresas que pagaban el rapel", señalando expresamente a Pastrana y Fernández Sevilla, anterior mano derecha de Pastrana y posteriormente su sustituto al frente de UGT Andalucía. Para pedir la imputación de ambos, el fiscal tiene en cuenta otras declaraciones de trabajadores del sindicato que señalaron que había una decisión de retener un 20% de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo, procedimiento que era conocido por la ejecutiva regional como el "canon revolucionario". El fiscal entiende que estas prácticas de financiación "irregular" estaban tan extendidas que "prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación".