Las ONG podrán acceder a los centros de inmigrantes

La gestión y organización de la asistencia sanitaria, social y cultural de los inmigrantes internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la llevarán a cabo tanto los empleados públicos como las ONG, mientras que la seguridad recaerá en el Cuerpo Nacional de Policía. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y que se incluyen en el real decreto sobre la regulación de los CIE, aprobado hoy por el Ejecutivo.

El ministro ha asegurado que se trata de una "reforma integral" del funcionamiento de estos centros, que persigue garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en España, y que pueden estar un máximo de 60 días en estas instalaciones policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país.

El documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010. Un texto que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "cubre un vacío legal" e incorpora las recomendaciones "esenciales" de este órgano consultivo. Asimismo, ha destacado el papel que otorga a las ONG "comprometidas" con la atención a este colectivo, a las que se permite el acceso a estos centros.

Limita la acción policial

En abril de 2012 Interior dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía del Estado, que hicieron sus aportaciones. Fruto de esa 'ronda' se cerró el proyecto sobre el que esta semana el Consejo de Estado ha emitido su dictamen.

Este órgano ha realizado una serie de recomendaciones y una observación esencial, como es la de garantizar el derecho de los inmigrantes recluidos en estos centros a recibir la asistencia médica y sanitaria "necesaria". A su juicio, el borrador restringía este derecho que confiere la Ley de Extranjería.

El reglamento no modifica en lo esencial el modelo de funcionamiento de estos centros, aunque sí introduce algunas novedades, como que las fuerzas de policiales se limitarán a la custodia de las instalaciones y será personal especializado el que atienda a los internos, que se llamarán por su nombre y no con un número. El director ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos. Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.